DURANTE miles de años, el mero concepto de «propiedad intelectual» resultó inconcebible. Al juglar que recorría los pueblos recitando romances no se le hubiera ocurrido impedir que su auditorio los memorizase y propagase por doquier, por la sencilla razón de que tales romances no le pertenecían: eran una «propiedad colectiva», brotada de los manantiales ancestrales del genio popular, sobre la que el juglar actuaba a modo de «médium» o catalizador. Con este concepto de arte nacido «desde abajo» quiso acabar la modernidad, instaurando «desde arriba» un arte que fuera instrumento de dominio sobre el pueblo, que ya nunca más sería pueblo, sino «masa analfabeta» (o, dicho más finamente, «ciudadanía»), puesto que le había sido expoliada la titularidad del acto poético. Y al pueblo al que le habían sido expoliadas las letras de los romances trataron de adormecerle la conciencia del expolio alimentándolo con «productos culturales», manufacturados por castas de «intelectuales» al servicio del dominio. Pero este arte impuesto «desde arriba» -arte que expolia la titularidad del acto poético a su legítimo propietario- tenía que mantener una apariencia «democrática». Y así, a la vez que inventa el concepto de «propiedad intelectual», que es el eufemismo con el que disfraza un expolio, urde diversos lenitivos que hagan menos oneroso tal expolio.
Uno de esos lenitivos son las bibliotecas, en donde cualquier «ciudadano» puede saciar sus anhelos lectores tomando prestados libros que lee sin abonar cantidad alguna en concepto de «derechos de autor». La existencia de bibliotecas constituye una incongruencia flagrante con la llamada «propiedad intelectual»; y todos los intentos de someter el préstamo de libros a un canon o tasa se han tropezado con la resistencia popular, en donde se demuestra que el intento de conversión del pueblo en masa o ciudadanía no se ha completado del todo. También se demuestra que los escritores, dentro del escalafón de castas de intelectuales al servicio del dominio, ocupan la posición más endeble y fácil de conformar; pues el escritor al servicio del dominio, con tal de que lo paseen por el circuito de los institutos Cervantes y le maten el hambre con alguna mamandurria -conferencias, premios oficiales, etcétera- que glorifique su vanidad, puede renunciar a su «propiedad intelectual».
Más difíciles de contentar resultan músicos y cineastas, que forman la aristocracia en el escalafón de castas de intelectuales al servicio del dominio; y, para contentarlos, el dominio se saca del magín una ley de «economía sostenible» (urdida para sostener a quienes a su vez sostienen el dominio) que persigue las llamadas «descargas de internet», a las que por todo el morro se califica de «piratas» o «ilegales». ¿Y en qué consisten tales descargas, que el domino pinta con las trazas del más execrable de los delitos? Pues tales descargas consisten en un sistema de préstamos que los internautas entablan entre sí, un intercambio desinteresado sin más finalidad que facilitar el acceso y compartir el disfrute de canciones y películas; esto es, una labor tan benemérita como la que desempeñan las bibliotecas. Pero, misteriosamente, la labor que desempeñan las bibliotecas, supervisada por el dominio, se engloba en la difusa categoría de «democratización de la cultura»; en cambio, la labor que desempeñan los internautas es calificada de «crimen», tan pavoroso que justifica que nuestras navegaciones por internet sean «supervisadas» y nuestras conexiones interrumpidas, si el dominio descubre que estamos compartiendo con otro internauta una canción o una película. Trato semejante no reciben ni siquiera los pederastas que trafican al cobijo de internet; debe de ser porque no infringen ese expolio denominado «propiedad intelectual».
