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Archive for the ‘Iniciativas estatales’ Category

Fuente: Barrapunto

Civic Commons es un proyecto (en principio estadounidense, pero abierto al mundo) para generar sistemas informáticos de gestión y gobierno electrónico para ayuntamientos. Para fomentar la compartición de recursos y la transparencia, estos programas se publicarían bajo licencias libres. El problema que pretenden resolver es el mismo en Estados Unidos que en España, y estoy seguro de que también en muchos otros sitios: «”La mayor parte de las ciudades, condados, estados, agencias y departamentos montan o compran sus soluciones tecnológicas independientemente, generando proyectos de software cívico redundantes y gastando millones de dólares del contribuyente. Deberían ser capaces de trabajar juntos.» Exactamente. El sentido común y la buena gestión exigen que los ayuntamientos y comunidades autónomas compartan una misma plataforma de gobierno electrónico, y que esta plataforma se comparta mediante licencias de software libre.
Me apunta rvr que en 2009 se hizo una plataforma similar en España llamada ALIAL. Similar, pero distinta: la propuesta norteamericana viene impulsada desde ayuntamientos, la propuesta española viene de la mano de la Federación Nacional Empresas de Software Libre y el CENATIC.O sea, que los americanos son de “busco software libre para mi hardware”, y los españoles son de “ofrezco software libre para tu hardware”. Lo mismo tendrían que encontrarse.

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Hasta la fecha no hay ningún software libre que pueda hacer lo que hace Wink. Lamentablemente, el desarrollo de Wink paró hace un tiempo, lo cual no impide usar la última versión viva que dejaron sus autores, que aún funciona y bien. Dejamos aquí la idea para alguno de los gobiernos que firmaron el acuerdo de Software Público para que retomen el desarrollo de esta fantástica aplicación.

Wink permite fabricar screencasts, o filmaciones de la pantalla, lo que facilita el armado de tutoriales, recorridos por sitios web y hasta explicarle a un compañero cómo realizar determinada tarea usando cualquier aplicación.

Después de mucho recorrer, encontré la forma más simple de instalar Wink en Ubuntu, así que la dejo aquí:

1) Bajar el paquete de libstdc++5 que corresponda a su plataforma desde aquí: (i386) (amd64). Abrirlo con gdebi e instalarlo.

2) Bajar wink (desde acá). Abrirlo con gdebi e instalarlo.

3) Si en amd64 tira un error acerca de “libexpat.so.0″, ejecutar lo siguiente:

sudo ln -s /usr/lib32/libexpat.so.1 ./usr/lib32/libexpat.so.0

Otras fuentes:

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=938838&page=3

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Fuente: Mariangela Petrizzo

Me resulta curioso leer las críticas hacia el software público que llegan desde Argentina, y antes de que la cosa se ponga más complicada en términos de entendimiento mutuo, y sobre todo porque es fácil en este tema perderse en ramas olvidando las cosas de fondo, quisiera manifestar mi opinión al respecto.

Debo decir que, con respecto a la crítica leída, comparto la defensa radical a la idea de que el software libre es un tema político que supera -en mucho- las meras especificaciones técnicas y es potenciador de la emancipación del conocimiento técnico (y de todo lo ue de ahí deriva) y su condición de posibilidad.

Sin embargo, no comparto en lo absoluto la crítica que se hace hacia la propuesta del modelo de software público. Fundamentalmente porque creo que lo leído demuestra una interesada falta de información lo cual sólo me evidencia cuán lejos estamos de la posibilidad de ver el bosque pese a los árboles.

Hablemos del contexto.
De todos los países latinoamericanos, a ninguno de los activistas de software y conocimiento libre puede quedarnos la menor duda de que Brasil es la referencia en terminos de: a) volumen de desarrolladores involucrados de modo formal a desarrollo de software de la mano del Estado (a través de los distintos estados (provincias) brasileños y con distintos modelos asociativos); b) El grado de integración de aplicaciones y de innovación en términos de aplicaciones para el gobierno electrónico bajo estándares libres; c) El volumen de aplicaciones desarrolladas y efectivamente probadas e integradas a la administración pública.

Muchos de nosotros (hablo como activista) podremos objetar el que varios de estos desarrollos utilicen la plataforma Java (desconozco el porcentaje, aunque infiero que es alto. Si algún(a) lector/lectora lo conoce, indíquelo en comentarios por favor), y más allá de mi opinión al respecto, bien sabemos que entre las comunidades de Software Libre no hay un acuerdo explicito y difundido sobre si es o no es software libre (aquí las de Venezuela no son, penosamente la excepción), mostrándose, entre las opiniones públicas y las privadas, una panoplia de diversas posiciones al respecto (incluso en nuestro país hay instituciones que desarrollan software libre que han promovido críticas hacia la plataforma Java y, sin embargo, desarrollan usándola). De modo que este es un muy importante “pero” al desarrollo de software libre en Brasil, pero más allá de ésto (que no es poco), lo cierto es que la política de organización y apoyo a iniciativas de software público en ese país viene dando sus frutos.
Hoy en día Brasil cuenta con una plataforma llamada “Software Público de Brasil” cuya cara visible es un portal con información de desarrollos, eventos, convocatorias y documentación sobre el proyecto de software libre que ya quisieran muchos de nuestros países tener.

Dicho esto, creo que debemos conocer algo de la historia del surgimiento de la idea del software público.

¿Qué es el software público? El modelo del software público brasileño responde a esto desde la teoría económica de los bienes públicos y la cita de la siguiente manera:

bem público como aquele que apresenta características de indivisibilidade e de não rivalidade. Ou seja, pode ser usado por todos sem que com isto se estabeleça competição entre os usuários pelo bem.

En mi opinión personal, la concepción filosófica y política de la búsqueda del bien común es muchísimo más potente en el concepto de “lo público” y, aunque yo hubiera preferido que también se incluyera, este es otro tema. El asunto es que el proyecto de software público asume que el software es -y debe ser- un bien público en función de su indivisibilidad y su no rivalidad: un usuario puede usarlo sin impedir con ello que otro lo utilice, y puede ser usado por muchos usuarios sin que esto represente que haya concurrencia por la “posesión” de ese bien entre todos ellos.

Aquello que, inexplicablemente, demandan los tempranos detractores de la idea del software público es que no se habla de software libre por ningún lado. Lo veremos más adelante. Con esta crítica, yo no puedo estar en mayor desacuerdo. El modelo conceptual del software público citado atrás, explicita más adelante:

A consolidação das principais modalidades de licenciamento associadas ao software livre (Inclusive com a publicação da CC/GPL em português.) estabelece, em tese, ambiência propícia à superação de boa parte dos limitadores listados, em especial os que se referem aos “receios de instituições desenvolvedoras e de potenciais usuários”.

Las limitaciones a las que hace referencia la cita tienen que ver con las necesidades detectadas para la administración pública y para el ejerrcicio  gobierno, centradas en: a) Recelo de los usuarios potenciales hacia cambios en los patrones de acceso al software; b) apropiación del código por parte de las instituciones públicas; c) mantenimiento del nivel de calidad de las soluciones para atender las crecientes demandas; d) falta de patrones universales para la producción de software; e) deconocimiento de buenas prácticas y f) construcción de relaciones fluidas entre sector individual, privado y público en el funcionamiento de las comunidades.

De este modo, el software público viene a ser, poco más o menos, aquél que por sus prestaciones, interés y sector social receptor está llamado a ser considerado un bien público.

Tanto el modelo de software público brasileño, como su base conceptual hacen un interesante paseo al lector interesado, sobre lo que ha sido el debate sobre las licencias de software libre en Brasil. En los actuales momentos, el licenciamiento de todo el cuerpo de software público en brasil se hace por dos vías: a) la preservación del derechos sobre marca y nombre del software (registro de propiedad intelectual) y b) preservación de propósito del código a través del licenciamiento a través de la GPL v2.

Sobre lo que el Modelo de Software Público implica para Latinoamérica
En mayo del presente año en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública, el CLAD promovió la presentación del Modelo Iberoamericano de Software Público y la firma del Consenso de Buenos Aires, con el objeto de facilitar el desarrollo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (Chile, 2007).  Los documentos están allí y una lectura simple deja ver que se especifica, con suficiencia, que se trata de software libre.

En la actualidad -aunque no pude encontrar referencias específicas de ello- el modelo de software público de brasil está siendo implementado en Paraguay. Esto, sin duda, resultará una interesante muestra para todos (activistas y desarrolladores) de cómo puede el modelo funcionar en otras latitudes distintas a la brasileñas. Pero además, se ha avanzado en la propuesta de un Modelo Internacional de Software Público, para facilitar el cumplimiento de tareas tan cruciales como la interoperabilidad.

Lo que las críticas dicen sobre el software público.
He escuchado varias cosas, sin embargo hay dos que me llaman la atención:

  1. “La idea del software público va a dejar por fuera a empresarios e individuos desarrolladores de software libre”  Falso. Un simple vistazo a lo que lleva por detrás el Proyecto de Software Público de Brasil (ver los enlaces arriba) deja claro que hay importante participación privada.
  2. “La idea del software público ya a traer como consecuencia que el Estado busque software gratis” Falso. Al igual que en el caso de arriba, hay que leer lo que está planteado antes de decir esta temeridad.
  3. “La propuesta del software público NO dice por ningún lado que el software deba ser libre” Falso. Ya lo hemos dicho arriba, pero si quiere alguien más detalle, sólo puedo sugerirle que se lea la documentación disponible sobre el modelo del software público (tanto el brasileño como el ibeoramericano).

Pero hay más cosas. En mi opinión personal, buena parte de las críticas se dejan llevar por sospechas personales de caracter político partidista, lo cual entorpece el debate más que enriquecerlo. En mi opinión la crítica no es hacia el modelo de software público, sino hacia determinadas posiciones políticas de alguna persona que desde alguna comunidad en particular opina al respecto.

Algunos de los errores derivados de esta posición pueden verse en una crítica presentada aquí. Allí, se reseña al CLAD como  ”un proyecto internacional que nuclea a todos los Estados que se acojan a la definición de Software Público”. Eso es Falso. El CLAD es un Centro de reconocimiento internacional de apoyo a la promoción de investigación, formación y aprendizaje entre las administraciones públicas iberoamericanas. Como Centro sus trabajos, aportes y reuniones, en realidad, están centrados en la búsqueda de modos de fortalecer y mejorar la gestión pública para el Desarrollo Regional. Sólo eso y no solamente éso. En este sentido trabajar ahora con software público no es ni casualidad ni mucho menos un gran bigbang que eclipsa todo su trabajo anterior de más de veinte años.

Por otro lado, como indiqué antes, el propósito fundamental de la propuesta de Modelo Iberoamericano de Software Público” es el desarrollo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (ver el enlace arriba), la cual recomienda el uso de estandares abiertos y de software libre en razon de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento publico no sea privatizado” (cita textual del principio G de dicha carta). En este sentido, no es esta la única iniciativa, también es de destacar un documento reciente sobre interoperabilidad en los gobiernos iberoamericanos que se muestra en el mismo camino de la reivindicación del software libre como camino. (De este documento me gustaría hablar después)

En fin, quien afirme que el modelo de software público no habla de software libre está totalmente equivocado. Sin embargo, en términos estrictamente técnicos y por las reservas al uso de java en ciertos desarrollos de algunas de nuestras administraciones que mostré antes, estamos claros que hay tela para cortar, y mucha.

El modelo merece ser revisado y nutrido, pero sobre todo, blindado. Bien hemos vivido en Venezuela la experiencia de la llegada de corporaciones internacionales y grupos locales poderosos al debate político sobre las libertades en el software usado por el Estado. En este sentido, desde el activismo debemos entener que no se trata de un proceso -ni mucho menos- acabado. Personalmente pienso que éste es el camino y no tirando piedras en nuestro tejado con fines políticos que no quedan muy claramente declarados.

Les recomiendo estos interesantes textos, también desde Argentina, sobre el tema:

1) Reflexiones esperanzadas sobre Software Público, Libre y Gratuito
2) Software Público Argentino

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Fuente: RADECON

Se ha publicado el primer número de las Memorias ELClic 2009 (I Encuentro Latinoamericano  sobre Conocimiento Libre y Licenciamiento), que se produce desde la Fundación “Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres” (CENDITEL, www.cenditel.gob.ve). Esta edición contiene trabajos sobre “El Necesario Proceso de Sensibilización hacía el Conocimiento Libre “, mientras que el próximo número tratará  sobre “Software Libre y Conocimiento Liberado”.

En este número, Víctor Bravo escribe un interesante editorial sobre Conocimiento Libre que comparto con ustedes.

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Fuente: PuntoGov

Educación, tecnología y software público formarán parte de la agenda de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en noviembre en Mar del Plata. Los detalles del “Consenso de Buenos Aires”. La estrategia digital del gobierno argentino.

Por Sabrina Díaz Rato

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el modelo de software público asociados a las agendas digitales de los países de la comunidad iberoamericana tendrán un espacio destacado en la próxima gran reunión de presidentes y autoridades de países de América latina y España, en noviembre próximo en Mar del Plata.

La educación para la inclusión social” dominará el escenario de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo el 3 y el 4 de noviembre. En ese marco se dará la discusión sobre TIC.

La decisión de incluir esta agenda tecnológica se tomó a principios de este mes de julio en Buenos Aires en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, que encabezó el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, a la que asistieron funcionarios locales e internacionales.

Bajo el “Consenso de Buenos Aires” (que puede descargarse aquí) se definió que, además de las cuestiones relativas a la función pública y la calidad de la gestión, se comprenderán las alternativas para impulsar la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y el Modelo Iberoamericano de Software Público. La base de esta propuesta es un trabajo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), una de las principales impulsoras del encuentro.

Este año la declaración tiene la virtud de reconocer a las políticas tecnológicas y a su gestión vinculadas con la educación en función al desarrollo económico, la equidad y la inclusión social en toda América latina.

No hay otro concepto más abarcativo, más completo, en términos de visión de gobierno, que apunte a terminar con las profundas asimetrías que propugnaba el neoliberalismo”, destacó el jefe de Gabinete en su blog en referencia al lema de la conferencia de este año; “educación para la inclusión”. Se puede escuchar el discurso de apertura que dio Fernández aquí (http://www.anibalfernandez.com.ar/te-lo-digo-yo/274-medicina.html )

El subsecretario de Tecnologías de la Gestión, Eduardo Thill, comentó a PuntoGov que durante la reunión de este mes “se compartieron los resultados de tecnologías aplicadas en el sistema educativo como el Plan Ceibal de Uruguay, el Plan Conectar Igualdad de la Argentina y de muchas de nuestras provincias que están avanzando en escuelas primarias”.

Además “se habló de los programas que están llevando a cabo Ecuador y Bolivia y lo que tenemos claro es que estos proyectos de inclusión son para eliminar la brecha digital y dar mejores oportunidades”.

Al conjunto de experiencias educativas que cobraron especial resonancia recientemente tras el impulso de modelos “Un alumno, una computadora (1:1)” en la región, otro de los principales objetivos del Consenso de Buenos Aires es la articulación y la generación de diagnósticos comparados en América latina para lograr “los arreglos institucionales” en los estados nacionales y “fortalecer la profesionalización de la función pública” alrededor de la órbita estatal iberoamericana.


Tiempo de definiciones

La necesidad de adoptar los principios de la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico motivada por el CLAD fue otra de las iniciativas consensuadas. Pero para ello, la Argentina y el resto de los países deberán precisar las políticas tecnológicas que trazarán en cada una de las administraciones para lograr la interoperabilidad de las comunicaciones y los servicios entre los distintos niveles de gobierno.

Esto quiere decir -traducido en términos de gestión- que para lograr una integración regional en materia política y económica los gobiernos tendrán que convenir fundamentos básicos de intercomunicación aceptados en forma colectiva que permitan generar una oferta de nuevos servicios públicos y mejorar así la calidad de la gestión pública.

La mención distinguida, por ahora, se le adjudica a Brasil. Para concretar el concepto de software público -modelo que fue consensuado por los miembros de CLAD- se creó el Portal del Software Público Brasileño (http://www.softwarepublico.gov.br) que hoy tiene a disposición 37 soluciones de educación, geoprocesamiento, informática, administración y salud, y reúne a más de 70.000 usuarios.

Se ve casi con envidia”, reconoció Thill ante la consulta de PuntoGov sobre cómo se percibe desde la Argentina esa matriz tecnológica que el Gobierno de Brasilia le imprime a su agenda digital para la resolución de problemas sociales, incluso en el área de negocios.

Pero más allá de esta declarada predisposición hay una perspectiva de integración y colaboración con ese modelo. En la reunión que mantuvieron Thill y Corinto Meffe, gerente de Innovación en Tecnología de la Secretaria de Logística y Tecnología de la Información (SLTI) brasileña, se habló “extensamente de cuáles son las prácticas que podemos llevar a cabo para establecer pautas de colaboración en materia de interoperabilidad de servicios y aplicaciones”, deslizó el funcionario argentino a PuntoGov.

En esa línea, Thill recordó que la Argentina colabora con Brasil a través de Ginga, la plataforma de software de código abierto de origen brasileño que conectará con el nuevo sistema digital de televisión bajo la norma ISDB-T. El Laboratorio de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Informáticas (Lifia) de la Universidad de La Plata trabajó en la liberación del Ginga. El “Ginga.ar”, como se llama la versión local del entorno que desarrolló el equipo interdisciplinario platense, se incorporará a los decodificadores que se distribuirán entre agosto y septiembre próximos.

La elección del modelo de software abierto para las políticas tecnológicas es un dato fuerte, si se tiene en cuenta que el objetivo es la integración de esfuerzos en materia de informática para el sustento de los servicios orientados a la sociedad.

El “Modelo de Software Público” (ver aquí) puesto a consideración entre los funcionarios y que será debatido por las correspondientes delegaciones en noviembre, incluye una serie de principios para las políticas de gobierno electrónico.

Entre ellos se destaca el “principio de adecuación tecnológica” y se recomienda “el uso de estándares abiertos y de software libre”. Los motivos que se argumentan son “en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado”.

De la misma manera, los gobiernos en el uso de tecnología en las administraciones públicas -señala el documento- “deben ser capaces de facilitar el ofrecimiento de servicios públicos y fomentar la gobernanza democrática aumentando la transparencia en la ejecución de políticas públicas y la mejora de los servicios al ciudadano”.

Sin embargo, -se advierte- “el costo de esas soluciones la mayoría de las veces es elevado en comparación con el poder de compra de los gobiernos nacionales, más aún con el de los gobiernos locales, principalmente si esas soluciones se basan en software propietario, incluyendo sistemas cuyas licencias pueden costar anualmente centenas de millares de dólares”.

No siempre la política dialoga el mismo lenguaje que la tecnología. Pero como parece evidenciar la agenda de la Cumbre Iberoamericana, la búsqueda por la integración y el desafío de la inclusión para el desarrollo comienza a deslizarse por el mismo sendero. Si así ocurre, nada será igual que antes.

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Fuente: Puntogov

La Subsecretaría de Tecnologías de Gestión firmó acuerdos marcos con Microsoft y Red Hat. Y masificarán el SAHRA y el ComDoc.
La visión del Estado como un “holding” que contrata servicios informáticos en forma directa con sus grandes proveedores, anticipada hace nueve meses por PuntoGov en una entrevista con el subsecretario de Tecnologías de Gestión, Eduardo Thill, comenzó a concretarse este año con la firma de acuerdos marcos con grandes proveedores de software. Los dos primeros convenios se firmaron con Microsoft y Red Hat, y el próximo será con Oracle, según pudo saber PuntoGov.

En septiembre pasado, Thill explicó a este medio los planes para convertir a su área en un espacio de articulación del uso de la tecnología en los distintos niveles de la administración pública. En esa entrevista exclusiva (http://www.puntogov.com/Nota.asp?nrc=2340&nprt=1) el funcionario anunció su visión del Estado “como un holding”, para no considerar a “cada unidad” del Estado “como una empresa separada”. “No entiendo por qué si soy un ministerio determinado tengo un costo por un servicio privado diferente al que puede tener otro ministerio”, aseguró en esa ocasión.

Esta visión comenzó a concretarse este año con la firma de los mencionados acuerdos marcos con Microsoft y Red Hat.

Thill explicó el 9 de junio pasado a una veintena de responsables informáticos de diferentes áreas del Estado los alcances del acuerdo con Red Hat, durante una jornada en un salón de eventos en la esquina de Perú y Moreno, en Buenos Aires, donde también habló Sebastián Biagini, gerente comercial de la empresa. En el encuentro se compartieron experiencias con tecnologías de código abierto, en especial en aplicaciones críticas de organismos gubernamentales.

Los acuerdos marcos entre la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y las empresas fueron informados en la reunión plenaria del 12 de mayo de la Agenda Digital, realizada en la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde participaron Thill, representantes de organismos del Estado, de las cámaras del sector TIC, de empresas, del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil y expertos.

Estos convenios se enmarcan, según describe la minuta de esa reunión, en “la definición de políticas claras de adquisición de licencias de software para el sector público, a partir de la concepción de la administración como un único cliente”.

Los convenios son propiciados con empresas que “consideren al Estado como una sola entidad, no como organismos aislados”. El “propósito es contar con convenios con todas las empresas. No sólo convocarlos, sino que las mismas empresas propongan a la administración alternativas considerando al Estado como una unidad”, se señaló en ese encuentro por la Agenda Digital.

En el resumen de ese cónclave se reconoce “el rol fundamental de las empresas en el desarrollo de la Agenda Digital, que va a implicar la evolución de las aplicaciones”, aunque se advierte que “su actualización puede ser encarada como un desarrollo propio o no, siempre y cuando no se convierta en cautivo de una empresa determinada”. Y se afirma que “la falta de un marco adecuado por la ausencia de convenios impide avanzar en este sentido. Con el propósito de proteger la libre competencia y el mercado, se pondrá especial atención en no resultar cautivos de alguna empresa”.

Sistemas transversales

Otro foco de atención de Thill está en la aplicación transversal de sistemas en el Estado. Este año se realizaron dos plenarios de los foros de responsables informáticos y de responsables de gobierno electrónico de los organismos que integran la Administración Nacional, con el propósito de fortalecer las acciones hacia adentro del sector público.

En ese sentido, se está impulsando la adopción de dos sistemas informáticos transversales que hacen a la gestión diaria de los organismos: el sistema de recursos humanos (SAHRA) y el sistema de gestión documental (ComDoc), que fueran diseñados por la AFIP y el Ministerio de Economía, respectivamente.

Estos sistemas se encuentran operativos en muchos organismos desde hace varios años. “Su masificación en la Administración Nacional permitirá contar con información sobre recursos humanos, evaluar metas, facilitar la liquidación de haberes y facilitar a los trabajadores del Estado la realización de numerosos trámites a la vez que controlar su propio legajo”, se explicó en la reunión por la Agenda Digital.

En el marco del objetivo de despapelización del Estado, planteado en la Agenda, el sistema ComDoc fue considerado como “un gran avance” debido a que constituye un sistema de “workflow” que, al incorporar algunas herramientas que se están desarrollando actualmente, permitirá reemplazar el expediente en papel, por el digital.

En ese mismo sentido, la ONTI trabaja en la actualización de los estándares (ETAP), pero al mismo tiempo, en la producción de un workflow que permitirá tramitar “on line” los procesos de aprobación de adquisiciones de TIC en la Administración Nacional.

Esta nueva herramienta informática reproduce el esquema del carrito de compras para que los organismos tramiten por Internet el proceso de aprobación de la ONTI sobre sus compras informáticas, para aquellos productos estándar y masivos.

En materia de contrataciones, desde la Oficina Nacional de Contrataciones, se trabaja en la reglamentación del Decreto que rige las adquisiciones del sector público, el Decreto Nº 1023/01 en reemplazo del actual Decreto Nº 436/00. También se está desarrollando un nuevo sistema, llamado e-Com, que permitirá a los organismos de la administración nacional realizar sus adquisiciones por Internet. “Este sistema se encuentra muy avanzado, en la etapa final de control de seguridad”, se afirmó en la reunión.

Los objetivos a lograr vinculados con la despapelización del Estado requieren de una capacidad operativa e infraestructura tecnológica adecuada para dar servicio a aquellos organismos que se encuentran más rezagados en la adopción de TIC. En tal sentido, se avanza en la puesta en operación de un “data center”, que se encuentra ya adjudicado, según se informó en el encuentro de la Agenda Digital.

Para ello, se está elaborando un relevamiento y registro de centros de cómputos de la Administración Nacional conjuntamente con la SIGEN, a fin de garantizar que todos los organismos estén en condiciones de brindar servicios electrónicos.

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Fuente: Diario Rio Negro (via SOLAR)

El software libre es un programa abierto que garantiza y proporciona el derecho irrestricto de usar o ejecutar con cualquier propósito, copiar, distribuir, cambiar y mejorar el software y publicar estas modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin que se tengan que pagar regalías a los desarrolladores previos. Este nuevo modelo y concepción en torno al software ataca el sustento filosófico y ético de la propiedad del conocimiento y no sólo en la teoría sino en la práctica: cualquier persona que posea una copia de un programa libre puede ponerlo a disposición del que lo requiera.

Esta filosofía nació en los 80 en Estados Unidos por iniciativa de Richard Stallman y otros programadores que dieron origen a la Free Software Foundation y al Proyecto GNU. En los 90 se sumó desde Finlandia Linux Torvalds y junto con otros desarrolladores decidieron programar y crear un sistema operativo de código abierto, dando nacimiento a GNU/Linux. De esta forma, cuando se habla de Linux, exactamente estamos hablando de GNU/Linux, que es libre, modificable y redistribuible.

Muchas son las razones que sustentan la importancia de utilizar GNU/Linux en el Estado y por contrario no hay razones que justifiquen que el Estado siga utilizando software propietario como es el caso de Microsoft, Apple u otras empresas. Obviamente al proyectar el uso de software libre inmediatamente estamos enfrentando enormes negocios de grandes corporaciones.

El uso de software libre en la administración pública ha cimentado su existencia como un medio de garantizar la soberanía de un país y como un paso para romper la dependencia y la brecha tecnológica. Ejemplo de ello son Alemania, distintas jurisdicciones de nuestro país, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Francia, México, República Dominicana y Venezuela. La ONU, por otra parte, recomienda la utilización y el fomento del software libre tanto en el seno de la organización como entre los países miembros. En cambio, el uso de software propietario no garantiza este principio de transparencia, por lo que no se sabe si oculta información y si ésta es enviada o no a otras computadoras remotas. La transferencia de información reservada puede ser motivada por fallas o errores contenidos en los programas o deberse a que intencionalmente así lo previeron quienes los diseñaron. Sobre el particular, Richard Stallman ha señalado que los programas de Microsoft o Apple “tienen funciones ocultas malévolas como espiar al usuario, restricciones de uso o puertas traseras de acceso, y uno que tiene las tres puertas es Windows Vista”. Por ello recomienda como “única defensa” la utilización del software libre.

Las escasas restricciones de uso referidas a GNU/Linux están ligadas a la obligatoriedad de compartir eventuales mejoras al sistema, a lo que hay que agregar que además del sistema operativo también están los utilitarios (edición de fotos, programas de oficina, etcétera), que también pueden conseguirse libremente. Es el caso de 1) desktop en estación de trabajo, 2) infraestructura de red para máquinas con cualquier sistema operativo: Linux, Windows, Macintosh, Unix, etcétera; 3) servidor de archivos, 4) servidor de impresoras, 5) servidor de correo electrónico, correo electrónico y comunicaciones en general; 6) servidor de World Wide Web, www; 7) servidor de acceso a internet y navegación, 8) gestión de bases de datos, 9) lenguajes de programación y desarrollo de software, 10) gestión de oficina, ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo, etcétera).

Las premisas fundamentales propuestas por la Fundación para el Software Libre son:

1) Libertad para ejecutar el programa con cualquier propósito

2) Libertad para modificar el programa para adaptarlo a sus necesidades

3) Libertad para redistribuir copias, tanto en forma gratuita como a través del pago de un canon

4) Libertad para distribuir versiones mejoradas del programa, para que la comunidad pueda beneficiarse de ellas

Llegado este punto es preciso aclarar que cuando se habla de libre no necesariamente se está hablando de que sea gratis, sino que está relacionado con que el código fuente del software está abierto, por lo tanto se puede ver y modificar. Es, como decíamos, toda una filosofía referida al desarrollo sustentable y colaborativo, no se trata exclusivamente de software sino de derechos inalienables del ser humano como el derecho a la educación, al conocimiento y al acceso a la información.

En resumen, la adopción del software libre permite que el Estado ahorre una considerable suma de dinero para aplicar a otras áreas y contribuye a vencer la dependencia tecnológica. Además, al ser libre, el Estado, a través de sus técnicos, queda en capacidad de desarrollar las aplicaciones que cada uno de los componentes de la administración necesita en función de sus requerimientos y necesidades, así como de establecer sus propios estándares de seguridad.

Estamos propiciando mediante un proyecto de ley que el Estado de Río Negro adopte la utilización de software libre, estableciendo la mudanza gradual de todos sus sistemas en cada uno de los tres poderes. Además, que la formación de nuestros jóvenes en la escuela inicial y media esté basada en la utilización del software libre. Estamos convencidos de la importancia estratégica que tendrá para la provincia la sanción de la ley que impulsamos, al tiempo que guardamos la certeza de que seremos acompañados por la totalidad de nuestros pares.

PEDRO PESATTI Y SILVINA GARCíA LARRABURU (*)
(*) Legisladores de Río Negro

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