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Posts etiquetados ‘propiedad intelectual’

Fuente: Telam

El director de la editorial Rubinzal y Asociados, Isaac Rubinzal, manifestó este jueves su decisión de no continuar con la causa iniciada contra Taringa! por supuesta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, según informó la empresa.

El desistimiento de Rubinzal se suma al de otros tres querellantes -Edgardo Donna, Mosset Iturraspe y Francisco Ferrer-, quienes el pasado 28 de noviembre abandonaron la demanda tras llegar a un acuerdo con la Web social.

Desde Taringa! manifestaron que fue el diálogo establecido entre las partes lo que llevó a que durante los últimos meses desistieran los principales querellantes de la causa que, de seguir adelante, “se convertiría en el primer juicio penal donde se debatirá en Argentina cuál es la responsabilidad de los intermediarios de Internet así como el futuro de la Propiedad Intelectual en la Web”.

“Celebramos estos desistimientos como resultados del diálogo y un cambio profundo de la mirada de las industrias más tradicionales y la sociedad en general sobre Internet. Seguimos colaborando con la justicia”, manifestaron los administradores de Taringa! en un comunicado.

“Nuestra misión es que esta causa finalice dejando un precedente positivo para la industria de Internet en la Argentina, ya sea en una audiencia pública o a través del diálogo establecido con diferentes representantes de las industrias más tradicionales”, agregaron.

En 2009 un grupo de editoriales jurídicas como Astrea, La Ley, Rubinzal y Asociados y Ediciones de la Flor SRL, entre otras, demandaron a Taringa! por una supuesta infracción a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, debido a obras jurídicas compartidas en la plataforma por algunos usuarios.

Desde Taringa! puntualizaron que la causa está en etapa de presentación de pruebas y continúa en manos de la fiscalía del Tribunal Oral N°26, a la espera de la fijación de fecha para una audiencia oral.

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Fuente: InfoTechnology

Todos los primeros de enero varias obras entran a formar parte del dominio público. Esto quiere decir, que cualquier persona puede hacer uso del producto sin tener que pagar derechos. De esta manera, un usuario puede poner una canción de dominio público en su blog o subir un texto de algún autor que también haya entrado en este grupo. Este año obras de Roberto Arlt y Miguel Hernández, entre otros estarán disponibles para todo el mundo de manera libre, por lo que probablemente veremos en varios sitios de literatura pdfs o ebooks para descargar El juguete rabioso, entre otras novelas.

En la Argentina, la propiedad intelectual tienen vigencia por 70 años a partir del primero de enero del año siguiente a la muerte del autor, según dispone el artículo 5 de la ley 11723. Los desarrolladores de software también entran en este segmento, tanto sean personas físicas o jurídicas.

Las personas jurídicas que cuentan con derechos de autor serán dueños del mismo por 50 años desde su publicación.

En relación al mundo de la música, el artículo 5 bis de la ley 11723 sostiene que la propiedad intelectual de una obra “fijada en fonograma” pertenece a los artistas intérpretes por 70 años a partir del 1 de enero del año siguiente a su publicación, para los autores de la obra el plazo es el mismo pero a partir del 10 de enero del año siguiente a su publicación. Para el ambiente de la fotografía, la duración del derecho es de veinte años a partir de su publicación.

Guía del dominio público, realizada por Beatriz Busaniche:

(ver artículo original en InfoTechnology)

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Fuente: barrapunto

Un pobrecito hablador nos pasa este artículo de El Mundo. Reino Unido legalizará las copias privadas de CD: «Reino Unido se propone actualizar sus arcaicas leyes de derechos de autor. El Gobierno británico anunciará este miércoles que legalizará las copias de CD o DVD en reproductores digitales u ordenadores para uso privado, según ha avanzado una fuente gubernamental. La decisión es una de las recomendaciones realizadas en una revisión sobre el marco legal de los derechos de la propiedad intelectual realizada por el profesor Ian Hargreaves a comienzos de este año a petición del ‘premier’ David Cameron. El secretario de Comercio, Vince Cable, anunciará este miércoles la respuesta del gobierno al informe. Según el diario The Guardian, Cable también anunciará que los planes del gobierno de cerrar las webs que comparten contenidos digitales -bajo la controvertida Ley de Economía Digital- al estilo ‘Ley Sinde’ es inviable».

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Fuente: derechoaleer

“Antes de empezar a hablar de lo que tenía pensado hablar hoy, que es el tema de la charla, quería hacer una pequeña nota al pie, pero que aparte es una pequeña aclaración sobre algunas cuestiones que están a la vista. Cuando llegué al predio, me puse una remera que dice Taringa!. Y esto es una declaración política. Es una declaración política que tiene que ver exactamente con una declaración, también política, que fue emitida este miércoles primero de junio, por los relatores de libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Emitieron una declaración por la cual dicen que no se debe pedir a los proveedores de servicios de Internet, incluyendo los proveedores de hosting, los buscadores, los proveedores de servicios de contenido, que den de baja contenidos, o materiales bajo derecho de autor, sin que medie una orden judicial fehaciente. Esto es básicamente para proteger el debido proceso y la libertad de expresión. De lo que se está acusando a los dueños de Taringa! es de no haber hecho un ejercicio privado de la policía, cosa que no corresponde. El fallo que procesa a los dueños de este portal argentino, se basa en que ellos permitieron que existieran links, cuando en ningún momento medió una orden judicial para dar de baja a estos links. “

Así es como Bea inició la mesa sobre El derecho de autor en las industrias culturales, ¿quién se beneficia? en el marco del Seminario Internacional Derecho de Autor en Industrias Culturales. Alcances de la Legislación, Protección y Nuevas Tecnologías, el pasado sábado 4 de junio en el MICA. Estuvieron presentes en la mesa Joost Smiers (Holanda, autor de Un Mundo Sin Copyright), Beatriz Busaniche (Argentina, Fundación Vía Libre), Pablo Webrait (Argentina, abogado especializado en propiedad industrial e intelectual) y Gabriel Diner (Dirección Nacional de Industrias Culturales, Secretaría de Cultura de Nación) como moderador.

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Fuente: barrapunto

El Pantera nos cuenta: «Vía ASOLIF he visto que KORAMA ha colaborado con el Proyecto “Copiad Malditos” en la elaboración de 3 DVDs con todo el material audiovisual del documental homónimo, coproducido por elegantmob Films y TV, en el que se muestra la problemática de los Derechos de Propiedad Intelectual». El documental fue emitido recientemente por RTVE. Entre los entrevistados están Javier de la Cueva, David Bravo, Richard Stallman y José Antonio Millán. El contenido tiene licencia CC Atribución-No Comercial.

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Fuente: vialibre (Beatriz Busaniche)

El seminario “Copyright/Copyleft. Debates sobre la cultura libre y el acceso al conocimiento en la era digital” (Cat. Busaniche) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires invitan a debatir sobre el caso Taringa, una excusa para poner sobre la mesa las discusiones sobre la libertad de expresión y la circulación de bienes culturales en Internet, en tensión con las regulaciones cada vez más restrictivas de la propiedad intelectual. El caso Taringa, actualmente en marcha en el fuero penal, obliga a revisar la legislación de propiedad intelectual argentina, considerada una de las más restrictivas del mundo. La charla abierta a todo público se realizará el jueves 26 de mayo, desde las 21hs, en el Aula 6 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Sede Santiago del Estero 1029, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estarán presentes, Enrique Chaparro, matemático, miembro de la Fundación Vía Libre y Glenn Postolski Profesor Titular de Políticas y panificación de la comunicación, Investigador en el área de políticas y economía de la información y actual director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. También nos acompañarán los dueños de Taringa, Matías y Hernán Botbol.

El 6 de mayo pasado, el Centro de Información Judicial publicó un fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirmó el procesamiento de los propietarios de Taringa! por considerarlos “partícipes necesarios” del delito de violación a la propiedad intelectual al permitir que, a través de su sitio, diferentes usuarios suban y descarguen material protegido por esa ley.

La acusación se basa en la violación al artículo 72 de la Ley 11723, que establece que es delito penal editar, vender o reproducir por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada, sin autorización de su autor o derechohabiente, por lo que será reprimido con la pena establecida en el artículo 172 del Código Penal.

Está claro que toda persona que tenga en sus manos un dispositivo digital, cualquiera sea, un celular, una tableta, una netbook o una notebook o una computadora de escritorio, al reproducir obras, viola o ha violado alguna vez este artículo incluido en una ley que data del año 1933. También está claro que Taringa no editó, ni vendió ni reprodujo obras, sino que habilitó un espacio donde los usuarios publicaron links, hecho que no está tipificado en el código penal.

El caso abre debates urgentes vinculados a la libertad de expresión y el control en internet, la validez de una ley que penaliza a todos sus usuarios, y la necesidad de contextualizar esta discusión en el marco de los derechos humanos, en particular en la tensión entre el derecho de libre acceso a la cultura y las regulaciones de propiedad intelectual vigentes, pensadas para un modelo tecnológico completamente diferente a los fenómenos sociales vinculados a las redes y a Internet.

Invitan:

Cátedra “Copyright/Copyleft. Debates sobre la cultura libre y el acceso al conocimiento en la era digital”
Carrera de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Buenos Aires

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Fuente: Beatriz Busaniche

Y ahí estuvimos!

Nota de prensa completa en el sitio de Julio Raffo.
Debate: ¿el derecho de autor protege a la obra o al autor?

El cuestionamiento a los criterios dominantes en la aplicación de la ley sobre derechos de autor provocó un interesante debate durante la presentación del libro “Derecho autoral. Hacia un nuevo paradigma”, del abogado y diputado por la ciudad Julio Raffo, editado por Marcial Pons.

Participaron del debate, realizado en la Feria del Libro, la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci (ex jueza de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza), Miguel Ángel Emery (especialista en derecho de autor) y Beatriz Busaniche (secretaria de la Fundación Vía Libre y titular de cátedra del Seminario Copyright/Copyleft de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA). Coordinó la mesa Valentina Delich (Directora Académica de la Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO-Argentina) y prologuista de la obra.

Busaniche celebró la obra por considerarla “provocadora” y plena de “sentido común” para afrontar el tema. Dijo que las restricciones al libre uso de los materiales culturales significan “prohibir cosas que hacemos todos, todos los días” dadas las facilidades tecnológicas y la expansión de internet. “La ley se lleva a las patadas con el paradigma tecnológico”, dijo y abogó por repensarla para que esté acorde con el siglo XXI, que contemple los derechos de los autores pero con “un criterio socialmente más justo”.

En la posición contraria se ubicó Emery. Si bien expresó su acuerdo con determinados enfoques y reflexiones de Raffo, como su crítica al concepto de “derechos morales” y a normativas que impiden al autor el libre uso de su producto, defendió la legislación actual por estar diseñada “para que los autores puedan vivir de su obra”. Si los autores no son recompensados y todo se usa libremente en internet, ejemplificó, en poco tiempo la red de redes sólo facilitará “un intercambio masivo de mensajes sin contenido”. Proteger la producción autoral es proteger la cultura propia, agregó.

Kelmelmajer hizo suyas ciertas definiciones de la prologuista Delich, ya que encontró el trabajo “provocativo pero sin arrogancia”, “explícito” y fuente para el debate y rescató que al tradicional enfoque de “obra” y “autor”, Raffo agregue un tercer factor, “el público”, sin el cual las dos categorías anteriores pierden sentido. “El fin del derecho es para la gente”, dijo, por lo que consideró de importancia primordial que el autor pueda disponer libremente de lo que produce.

A la presentación del libro asistieron numerosas personalidades del sector cinematográfico (en el que se especializa Raffo), juristas, funcionarios de la Justicia y políticos, entre otros.
Pino Solanas

Al término del acto concurrió el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, diputado nacional Fernando (Pino) Solanas, quien se vio demorado por la sesión que se realizaba en la Cámara.

Solanas departió con algunos asistentes y posteriormente se reunió privadamente con Raffo –diputado de Proyecto Sur en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires- hasta poco antes del cierre de la Feria.
“Derecho autoral: Hacia un nuevo paradigma”

“Derecho autoral. Hacia un nuevo paradigma” critica el criterio dominante en materia de Derecho de autor, según el cual la “obra protegida” constituye el punto de partida de toda la disciplina. Raffo propone que el sujeto del Derecho de Autor es el autor y no la obra, que la originalidad no es otra cosa que el fenómeno de la autoría (y no una característica objetiva de la obra), que la inteligencia no es condición necesaria para la creación y que los derechos morales no requieren una ingeniería jurídica ad-hoc para su determinación.

El camino a recorrer implica examinar primero la estructura de la obra autoral como objeto cultural, para después describir el trato o uso que se tiene con ella, revisar luego la normativa que a ella se refiere y establecer su relación con aquel fenómeno. Para el final queda considerar el papel que les cabe a las entidades de gestión de derechos colectivos y proyectar en el Derecho de Autor algunas consideraciones sobre el abuso de derecho.
Índice general

Capítulo I – Introducción: el paradigma del Derecho autoral

Capítulo II – La obra como objeto cultural

Capítulo III – La obra y el proceso creativo

Capítulo IV – El uso de las obras autorales

Capítulo V – La regulación de los derechos del autor

Capítulo VI – Las sociedades de gestión de los derechos del autor

Capítulo VII – El “abuso del Derecho” en el Derecho autoral
Julio Raffo

Julio Raffo es abogado y ha sido asesor legal en la producción de más de 60 películas nacionales y extranjeras. Ha sido Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina), Coordinador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Director del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV – Cuba) desde 1990 ininterrumpidamente. Además de ser autor de varios libros –entre ellos “La película cinematográfica y el video”, “El proyecto de realización audiovisual” y “Ley de cine”-; Julio Raffo debutó como director con el documental “Caseros, en la cárcel” que se estrenó comercialmente en 2006. Cabe destacar su participación en la Feria del Libro de Frankfurt 2010, donde expuso acerca de la cultura libre y libre acceso al conocimiento para el siglo digital.

Written by Bea

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Fuente: diarioTI

Fallo estadounidense podría sentar un importante precedente para la detección y castigo de piratas.

Diario Ti: Según el juez de distrito Harold Baker, de Illinois, es dudoso que una dirección IP pueda ser usada como prueba fehaciente en un tribunal de justicia. A juicio del magistrado, los margenes de duda son demasiado grandes como para iniciar acciones judiciales contra personas, con base en direcciones IP.En su fallo, el juez Baker presenta precedentes legales en que, por ejemplo, la industria discográfica ha cometido graves errores, como por ejemplo demandar a abuelas que nunca en sus vidas se habían sentado frente a un PC, o niños que debido a su edad no pueden ser enjuiciados (ver RIAA se querella contra niña de 12 años y La industria cinematográfica acusa a impresoras de piratería).

Una dirección IP identifica un PC o una unidad de hardware que, conectada a una red, puede ser usada por varias personas. Por lo tanto, no es seguro que la persona registrada como propietaria del artefacto sea quien ha descargado material ilegal, ya sea películas o música pirateada, pornografía infantil, programas, etc.

A menos que el fallo sea revocado por una instancia judicial superior, podría sentarse un precedente legal que anularía el procedimiento muy utilizado en Estados Unidos, en que los demandantes envían cartas intimidatorias que básicamente dicen “pague o lo demandamos”. Solo en 2010, más de 100.000 estadounidenses recibieron cartas de ese tipo en sus buzones. La mayoría optó por pagar la multa y así evitar un costoso juicio que podría reportarles un gasto aún mayor.

En la causa en cuestión, el juez desestimó un requerimiento presentado por VPR Internationale, empresa canadiense de entretenimiento para adultos, mediante el cual intentaba obligar a proveedores de conexión a Internet a entregarle las identidades de personas que, a su entender, habían descargado ilegalmente sus películas. Según el juez, especialmente al tratarse de material audiovisual ara adultos, el tema de las direcciones IP podría obstruir “la causa de la justicia”.

Fuente: Torrentfreak.com

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Fuente: Via Libre

* por Claudio Ruiz. ONG Derechos Digitales de Chile. Publicada el 3 de mayo de 2010.

Hace ya casi tres años les listaba una serie de actividades que, a pesar de lo obvias y comunes, eran consideradas ilegales por nuestra ley de propiedad intelectual (LPI) en Chile. Así bibliotecarios, profesores, estudiantes e incluso algunos autores, gracias a inexplicables vericuetos legislativos, en lugar de ser protegidos eran considerados piratas por una ley que tenía su origen en el año 1970.

Pero, a pesar de lo que pudiera pensarse, los absurdos de esta ley no sólo se explicaban por ser un vetusto cuerpo normativo. Hasta hoy, sus sucesivas reformas se habían realizado con el sólo fin de aumentar la protección que gozan los titulares de derechos de autor, en detrimento del interés del público, de todos nosotros. Ninguna de estas reformas, de estos cambios cosméticos, pretendieron agregar siquiera una excepción adicional que beneficie a quienes, sin ser creadores, son sin duda alguna actores claves en el desarrollo cultural del país.

Eso hasta mayo de 2007. La última reforma, promovida por la presidenta Bachelet y promulgada por el presidente Piñera la semana pasada, pretendía -entre otras cosas, claro- equilibrar los intereses en juego, agregando excepciones y limitaciones hasta el momento inexistentes. Prácticas de nuestras bibliotecas, de nuestros profesores o prácticas comunes dejarían de ser consideradas ilícitas y pasarían a tener la venia de la ley. Pero no todo el mundo estuvo de acuerdo, fundamentalmente debido a la fuerte presión de grupos vinculados a la gestión colectiva y al cobro de derechos (como la SCD o la IFPI). El gobierno pasó de ser un defensor del equilibrio a comprometerse a la eliminación de excepciones que beneficiaban a bibliotecas y a la eliminación de la, hasta hoy célebre, excepción de usos justos. Campañas tanto en internet como en el ‘mundo real’ lucharon contra esta fuerte presión, con resultados francamente notables si uno ve la tendencia legislativa de otros países que, como si de una fusta invisible se tratara, siguen el ritmo de la sobre protección de derechos a costa de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, tendremos una nueva ley, que actualiza el régimen de sanciones, establece un sistema de limitación de responsabilidad de los ISP y que contempla un nuevo sistema de excepciones y limitaciones, casos en los que, sin mediar pago ni complejos sistemas de autorización, se encuentran ahora autorizados por la ley. En resumen, podríamos decir que son:

* Excepciones para bibliotecas, permitiendo la reproducción, en ciertos casos, de obras no disponibles en el mercado; la reproducción electrónica de obras protegidas y la traducción con fines de investigación. Hasta ahora, la palabra biblioteca no aparecía ni una sola vez en la ley.

* Excepciones para discapacitados, permitiendo la copia, adaptación, distribución de obras para discapacitados visuales, auditivos u otros. Hasta hoy, las bibliotecas para ciegos eran ilegales.

* Excepciones que permiten usos personales, como la traducción de obras, copia de software y las actividades sobre dicha copia con el de investigación, corregir su funcionamiento o la seguridad de computadores o redes, además de la ingeniería inversa.

* Otras excepciones, que permiten la sátira o parodia, el uso ‘incidental y excepcional’ de obras con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación (“usos justos”). Asimismo, se autoriza la inclusión de fragmentos de una obra protegida en una nueva a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación.

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Fuente: Página/12

La Cámara Federal porteña consideró que la venta callejera de discos compactos burdamente falsificados no afecta a la ley de marcas, ni a los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual.

La Sala Primera del tribunal, con las firmas de los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, resolvió así que la causa, iniciada originalmente ante el fuero federal, deberá continuar ante el fuero ordinario, más precisamente ante el juzgado de instrucción número 20, a cargo de la magistrada Elisabeth Paisán.

Los camaristas hicieron hincapié en la falsificación “burda” de los discos, secuestrados 3 de septiembre del 2009, en la Avenida Córdoba 3969, de esta Capital, a un vendedor ambulante que los ofrecía en la vía pública.

Para que exista un perjuicio a la ley de Marcas es necesario “un engaño sobre el consumidor”, de forma tal que éste suponga que compra un CD original cuando en realidad no lo es.

En este caso, la falsificación era tan evidente que quedaba evidenciada en “la calidad –burda- de las láminas identificatorias de los mismos”. No obstante, el fallo no descarta la existencia de algún tipo de delito, pero en todo caso no debe ser investigado por la justicia federal.

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