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Fuente: Daniel Coletti

Aníbal Fernández ha tomado la bandera de la tecnología fuertemente. Y en este impulso puso al software libre entre uno de los temas importantes.

El debate sobre si el Estado debería utilizar únicamente software libre o no es largo, y quizás el hecho de que el jefe de gabinete del  gobierno nacional lo defina como un tema importante permita que este asunto se vuelva a debatir.

Desde CAdESoL estamos convencidos que es necesario que todos los gobiernos deben tener una estrategia tecnológica que les permita la apropiación de la tecnología.

La agenda digital argentina, justamente menciona este tema en su primera página “[…]Que la Ley Nro 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación estableció el marco general de la actividad y estructura del sistema, fijando responsabilidades del Estado Nacional, entre otras, las de generar las condiciones para la producción de conocimiento apropiables para la sociedad argentina[…]´´.

Comprando software licenciado privativamente[1], o financiando su producción se hace imposible que el conocimiento sea apropiable para la sociedad argentina.

El Estado debe encontrar los medios y formas para que este conocimiento quede dentro de la sociedad argentina.

No parece ser un buen método el que implementa utilizar software extranjero y cerrado como base para nuevos desarrollos que a su vez quedarán cerrados para la comunidad.

Sumado a esto hay temas aún más básicos; como la estandarización de los formatos en que se guarda la información pública.

Implementar formatos y protocolos estándar es la única vía para que el Estado acceda a la información guardada hace décadas.

Ninguna empresa, por más grande que sea y sólida que parezca, está indemne a ser adquirida por otra o que directamente quiebre, dejando sin soporte alguno a todos los usuarios del software que produjo.

A nuestro entender el software libre y los estándares abiertos son el camino para la apropiación del conocimiento, existen muchas formas para que sea económicamente sustentable su producción y desarrollo.

Brasil ya lo está haciendo hace años y Argentina ha firmado la adhesión a la Declaración de Kochi sobre el Software Público emanada de la “Conferencia Internacional sobre Software en el Sector Público, y Software Libre en Educación”.

Esperemos que podamos encontrar los medios para lograr que el conocimiento quede en el país, ayudando así a que los capitales invertidos en tecnología permanezcan en la economía argentina e incluso lleguen nuevos, buscando contratar servicios y tecnología libre de empresas argentinas.

[1] Se utiliza el nombre de software privativo, en vez del término ‘software propietario’, ya que el segundo genera confusión. El software libre también es software propietario (no se pierde propiedad del software al liberarlo).