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Un punto de vista imprescindible para un desastroso proyecto de ley.
Ricardo

Fuente: Ariel Torres en La Nación

 

¿Debe aspirar una sociedad organizada a erradicar los actos discriminatorios? Por supuesto que sí. Es la intención de la ley 23.592 de 1988. ¿Debe aspirar una sociedad a erradicar todo discurso discriminatorio? Oh, bueno, eso es algo completamente distinto. Como desiderátum, suena bien. Sería genial que nunca nadie descalifique, insulte o ataque, con pretextos racistas o de otra índole. Es, también, poco realista, y me preocupa sobremanera que en la búsqueda de ese paraíso sin palabrotas ni agravios se termine legislando no sólo sobre la discriminación, sino también sobre el discurso.

Legislar lo que se puede o no se puede decir, fuera de los estrictos límites establecidos el 10 de diciembre de 1948 en el Palais de Chaillot y en los códigos penales de las naciones democráticas, es coartar la libertad de expresión. Esos límites excluyen -en breve y para que nadie piense que hay que graduarse en Harvard para entenderlo- todo discurso que incite a la violencia, la guerra o el genocidio, así como la apología del odio y la pornografía infantil. El Código Penal contempla también la apología del delito y la intimidación pública como restricciones a la libertad de expresión.

Todos los demás discursos, aunque sean ofensivos, aunque nos subleven, están protegidos por la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Éste es, a mi juicio, el principal error que subyace en el proyecto de una ley nacional contra la discriminación aprobado por Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados. Confunde discurso con acto, y no sólo no son lo mismo, sino que el ponerlos en un nivel equivalente crea condiciones necesarias y suficientes para la censura previa y la autocensura. El proyecto tiene varias otras falencias, explicadas en este documento de la Asociación por los Derechos Civiles, de la que no puede sensatamente sospecharse una intención segregacionista.

Pero lo más serio es que equipara palabra con acto. Lo interesante es que la censura previa y la autocensura son en sí mismas actos de discriminación. La censura previa no nos excluye por nuestro color de piel, orientación sexual o credo, sino por nuestras ideas y opiniones, y lo hace con tanto rigor que al final aprendemos solitos lo que se puede y lo que no se puede decir; eso es la autocensura, un tipo de prejuicio que nos aplicamos voluntariamente, por miedo. Es atroz.

Lo he dicho a menudo: las expresiones discriminatorias me parecen repugnantes, incluso cuando provienen de un ciego algoritmo de inteligencia artificial. Pero reprimir el discurso es reprimir lo que nos hace humanos. Somos la única especie en este planeta que habla y, por lo tanto, la única que opina y tiene ideas. La libertad de expresión es la madre de todas las demás libertades, porque es la que nos permite pensar las otras libertades, y reclamarlas. Sin la capacidad del habla no hubiéramos podido deliberar ni componer la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni todos los demás tratados que se suscribieron luego a este respecto. Si los derechos humanos constituyeran un edificio, la libertad de expresión conformaría sus cimientos; es la garantía de todas las demás garantías.

Por eso, lo primero que hacen los gobiernos autoritarios es vigilar y castigar lo que se dice. El paso inicial es arrasar con el disenso, provenga de los partidos opositores, la prensa o los ciudadanos. Basta meditarlo un poco: es como mínimo inverosímil que una dictadura coarte la libertad de reunión y de movimiento, que suprima el derecho a un juicio justo y que confisque arbitrariamente la propiedad privada, pero que, a la vez, permita una total libertad de expresión. Para someter primero es menester acallar.

Eso no se dice

Eduardo Bertoni, que fue Relator Especial para la libertad de expresión de la OEA y hoy dirige el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, ha criticado en un artículo la vaguedad de los criterios expuestos en este proyecto de ley. Lo mismo hizo Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, aquí:“Casi cualquier comentario que pueda ofender a una persona está contemplado en la norma”, escribe Busaniche.

El inciso b) del artículo 5° del proyecto de la ley nacional contra la discriminación es particularmente difícil de desentrañar, porque, a primera vista, alienta un concepto loable, como es el de condenar los insultos, humillaciones, discriminaciones y valores (entre otras formas verbales y no verbales de expresión, como los íconos) “que propicien la exclusión o la segregación en razón de pretextos discriminatorios”.

Pero hay un traspié lógico aquí. Es evidente que propiciar, naturalizar, transmitir y reproducir la segregación arbitraria es algo condenable. El problema es que propiciar, naturalizar, transmitir y reproducir es lo que hacemos al expresar opiniones e ideas.

Uno expresa una idea porque cree en ella, y como cree en ella desea propiciarla; es algo intrínseco, inseparable de la expresión de ideas y opiniones. Por lo tanto, si se condena el transmitir, naturalizar, transmitir y propiciar, se condena la expresión de ideas y opiniones. Cuando se trata de ideas abominables, como el racismo y cualquier forma de discriminación arbitraria, es menester ser muy meticuloso al delinear lo que constituye delito, porque es fácil, si no, que el bisturí termine lesionando la libertad de expresión.

Este documento de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la OEA es muy claro al respecto. También la ley 23.592 es más específica y establece que se reprimirá a quienes participen de “una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”, y que en igual pena “incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. O sea, una cosa es expresar una idea execrable y otra muy diferente el conducir una campaña para imponer esa idea. Una cosa es opinar como un troglodita (dicho esto con todo respeto) y otra muy diferente realizar propaganda. Y como la ley dice “por cualquier medio” un juez puede fácilmente interpretar que Internet está incluida.

A priori, garantizar la expresión de ideas y opiniones no admite matices. Si los admitiera equivaldría a decir que los que opinan de cierto modo no merecen dicha garantía, lo que es a su vez discriminatorio (e inconstitucional). Y antes de que me lo pregunten, si en Alemania y Francia está prohibido exhibir símbolos nazis no es sólo por las ideas que representan, sino también por las atrocidades cometidas por el Tercer Reich en ese continente. En Estados Unidos, que perdió más de 419.000 ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial, la exhibición de tales símbolos, a pesar de que representan algo aborrecible, está protegida por la Primera Enmienda de su Constitución, es decir, la que garantiza, entre otras, la libertad de expresión.

El artículo 14 de nuestra Constitución protege la libertad de los ciudadanos de publicar sus ideas sin censura previa; no dice nada acerca de cómo deben ser esas ideas. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que la Argentina adhiere, empieza diciendo: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”.

No es imposible que los legisladores tengan la esperanza de que, suprimiendo toda expresión discriminatoria se erradicarán de la sociedad la exclusión, la segregación y la desigualdad. Pero, incluso dejando de lado la perturbadora idea de que el Estado pretenda eliminar un tipo específico de discurso, lo que podría ocurrir es exactamente lo opuesto. El sujeto discriminador es, en esencia, un ignorante. Hay que educarlo, no reprimir su discurso, por muy deleznable que sea, porque cuanto más se presiona al ignorante, más se abroquela. O sea que no se resuelve el problema de fondo.

No porque sí la Asociación por los Derechos Civiles pone énfasis, en el artículo mencionado antes, en que la lógica punitiva de la ley 23.592 no ha conseguido en más de 20 años reducir las expresiones discriminatorias en nuestra sociedad, por lo que el nuevo proyecto debería haber explorado otras opciones. Coincido. La discriminación es un fenómeno complejo, insidioso y de muchas dimensiones como para pretender cortarlo de un hachazo.

Comentarios sin fronteras

Bueno, ¿pero qué va a pasar con los comentarios en Internet, ámbito que este proyecto de ley también intenta regular? La verdad, no me preocuparía mucho por eso. Los comentarios se mudarán a sitios hospedados en otros países, si opinar se convierte en riesgoso en la Argentina. Si la ley se aprueba y los sitios locales se ven obligados a eliminar comentarios, se abrirán blogs para volcar los comentarios borrados; un clásico de la Red. Es poco probable que Twitter y Facebook vayan a cambiar sus términos y condiciones debido a esta ley, así que algún juez podría ordenar bloquear sus números IP. Más allá de que intentar bloquear algo en Internet es como tapar el sol con las manos, será interesante ver cómo reaccionan los usuarios al descubrir que no pueden volver a usar ni Twitter ni Facebook desde nuestro país.

Una de las metodologías que adopta el proyecto es la de responsabilizar a los intermediarios sobre los comentarios que se publican en un sitio. Esto es perjudicial por varios motivos.

Uno de los más importantes es que coloca en manos de privados las decisiones sobre la libertad de expresión; como ningún empresario quiere juicios, se impondrá una censura sistemática. Peor todavía, algunas compañías pueden decidir delegar esta evaluación a algoritmos de inteligencia artificial, obteniendo el efecto opuesto, porque las máquinas se llevan muy mal, por ejemplo, con el sarcasmo, y podrían interpretar como discriminatorio un mensaje en contra de la discriminación.

El otro motivo es el interés público, un aspecto que este proyecto de ley no contempla, como me explicaba ayer Eduardo Bertoni. Por ejemplo, ¿sería beneficioso para la sociedad eliminar los comentarios racistas de un candidato a presidente, como los propalados hace poco por Donald Trump? Difícilmente. Y, ahora que lo pienso, si por un instante suponemos que suprimir el discurso discriminador no necesariamente va a suprimir la ideología discriminadora, entonces estaremos sólo barriendo esta patología social debajo de la alfombra. No parece buena idea.

Entonces, ¿por qué creo que no hay mucho de qué preocuparse? Por la escala de Internet, que claramente no ha sido tomada en consideración. A cada minuto se publican más de 342.000 mensajes en Twitter y unos 4 millones en Facebook, sin contar más de 3 millones de “Me Gusta”. Cada 12 segundos se suben 24 horas de video a YouTube, y a cada segundo circulan por Internet 22 billones de bytes de datos. En un día normal, la Red ve pasar casi 2 trillones de bytes de información; eso es 13 veces más que la cantidad de segundos que han transcurrido desde que nació el planeta Tierra. Y se supone que los sitios deben moderar eso y hacerse responsables de que alguien diga una burrada.

Lo diré simple: no funciona así. Internet no está cambiando la historia de la civilización porque ahora podemos comprar las entradas para el cine en la Web o porque mensajeamos a cualquier lugar del mundo usando WhatsApp. Internet está cambiando la historia de la civilización porque por primera vez ha dejado de ser posible controlar lo que las personas expresan. Lo intentan de vez en cuando, aquí y allá, pero cada día se vuelve más ingobernable. Como todavía somos una especie joven e inmadura, eso incluye a la escoria que discrimina, insulta y descalifica. Pero creo que es un costo insignificante comparado con el mundo que acabamos de dejar atrás, ese en el que sólo unos pocos privilegiados podían expresarse públicamente mientras todos los demás, vaya, éramos discriminados.