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En la comunidad de informáticos en el Estado hay interrogantes no resueltos.

Ahora tenemos unas páginas web de la Unidad de Software Público, donde la Secretaría de Tecnologías de Gestión nos “baja línea” sobre cuáles son las diferencias entre el Software Público y el Software Libre. No sólo eso, lanza el fantasma del Open Government, de improbable pertinencia respecto al SL y al SP.

El asunto de fondo no se va a saldar discutiendo si el portal de SP está bien o mal, sino reemplazando la imposición arbitraria de posiciones tecnocráticas por un debate abierto en el seno mismo del Estado y en la Sociedad.

El Foro de Responsables Informáticos fue un ejemplo de que es posible disponer de espacios en el Estado donde construir consensos, en un marco de respeto mutuo y confianza. El SL y el SPub son ¿planteos? ¿propuestas? ¿enfoques? ¿líneas de acción? válidos para trabajar dentro de nuestro encuadre colaborativo. Propongamos acciones concretas en lugar de vaciarlas de contenido. Construyamos algo nuevo.

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Fuente: Infoleg

Con fecha 2/9/2011 la Resolución 754/2011 de la Jefatura de Gabinete determina la creación del Programa “Unidad de Software Público”.

Resolución 754/2011

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Este es un debate importante para nuestra sociedad que algunos quieren esquivar, mientras dicen lo que no hacen y hacen lo que no dicen. Hasta que llegó RMS (invitado por ellos) y habló.

Fuente: La Nacion

Para relativa sorpresa (ver recuadro abajo) de los organizadores de la Conferencia Internacional de Software Libre en la que participaba, Stallman se despachó contra el plan Conectar Igualdad (al que llama “Condenar a maldad” en un típico giro a la RMS) y el proyecto Sarmiento (“Esclavizarmiento”, según él ) porque en ambos casos las máquinas incluyen Windows como sistema operativo. Aunque en los pasillos de la conferencia lo trataban de convencer de que había sido muy difícil lograr incluir software de código abierto en Conectar Igualdad (los equipos incluyen ambas opciones), RMS cree que Windows (“software privativo”, según su movimiento, debido a que no da las mismas libertades que el modelo libre) no tendría que formar parte del programa oficial.

¿Cuáles son sus críticas al plan Conectar Igualdad?
Todos los políticos honestos deberían condenar este trabajo con Microsoft. Me parece que no hay total conciencia de eso. Hablo de los efectos del plan “Condenar a maldad”, porque hablo de los efectos que tienen en los chicos hablar de Windows. No hablo de los motivos, hablo del efecto y no debemos ignorar el efecto enfocándonos únicamente en los motivos. Algunos tienen buenos motivos pero no basta. Hay que corregir el mal efecto. Hoy en día cuando una escuela pública piensa enseñar con software libre no tiene la opción porque entran las netbooks con Windows.

Una maestra me dijo que al llegar netbooks con Windows, se les complica usar la otra opción. Los chicos a los que les gusta el software libre se ven exigidos por los maestros a usar Windows en la clase. Si alguien borra Windows de la máquina lo reprimen.

Su crítica se mantiene aunque tenga una opción con software libre pre instalada, ¿por qué?
Sí, porque aunque lo tengan no es una opción real. Tienen una opción injusta pero conocida, con presión de los maestros de usarla y otra más o menos ética porque Ubuntu no es totalmente software libre aunque es mucho mejor que Windows. Decir que es imparcial sería una mentira. No es imparcial.

En América latina, ¿qué países están haciendo las cosas como usted quiere?
Ecuador comenzó hace unos años a planear la migración de sus escuelas públicas a software libre. Es una decisión clara y no va a distribuir computadoras con software privativo.

¿Por qué cree que el gobierno argentino sí lo hace? Solo podría adivinarlo y no es lo que más me interesa, lo que sí es cierto es que el Estado no debe distribuir ni recomendar un programa privativo al público, y menos aún si es de una empresa extranjera. Tiene el deber de fomentar la libertad, de proteger la libertad.

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Otro excelente aporte al debate político sobre derechos digitales de Rodríquez Ibarra, les recomiendo su artículo publicado en El País.

Fuente: barrapunto

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, político que durante 24 años fue presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura por el PSOE, se desmarca totalmente de la línea de su partido en la tribuna de opinión del diario El País para atacar a los creadores que defienden a capa y espada la aprobación de la Ley Sinde. Realizando una serie de comparaciones con cambios drásticos que implicaron nuevos modelos de negocio como la construcción de infraestructuras públicas, la aparición del ordenador frente a las máquinas de escribir, la pasteurización de la leche frente a los lecheros, el tren frente a las diligencias,… viene a decirles a los creadores que la forma en la que están haciendo las cosas no es la correcta y que tienen que cambiar de modelo de negocio, basado en la venta de copias físicas. ¿Estáis de acuerdo con Rodríguez Ibarra? ¿No os sorprende que un político se desmarque de esta forma de la línea de su partido?

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Fuente: Mariangela Petrizzo

Me resulta curioso leer las críticas hacia el software público que llegan desde Argentina, y antes de que la cosa se ponga más complicada en términos de entendimiento mutuo, y sobre todo porque es fácil en este tema perderse en ramas olvidando las cosas de fondo, quisiera manifestar mi opinión al respecto.

Debo decir que, con respecto a la crítica leída, comparto la defensa radical a la idea de que el software libre es un tema político que supera -en mucho- las meras especificaciones técnicas y es potenciador de la emancipación del conocimiento técnico (y de todo lo ue de ahí deriva) y su condición de posibilidad.

Sin embargo, no comparto en lo absoluto la crítica que se hace hacia la propuesta del modelo de software público. Fundamentalmente porque creo que lo leído demuestra una interesada falta de información lo cual sólo me evidencia cuán lejos estamos de la posibilidad de ver el bosque pese a los árboles.

Hablemos del contexto.
De todos los países latinoamericanos, a ninguno de los activistas de software y conocimiento libre puede quedarnos la menor duda de que Brasil es la referencia en terminos de: a) volumen de desarrolladores involucrados de modo formal a desarrollo de software de la mano del Estado (a través de los distintos estados (provincias) brasileños y con distintos modelos asociativos); b) El grado de integración de aplicaciones y de innovación en términos de aplicaciones para el gobierno electrónico bajo estándares libres; c) El volumen de aplicaciones desarrolladas y efectivamente probadas e integradas a la administración pública.

Muchos de nosotros (hablo como activista) podremos objetar el que varios de estos desarrollos utilicen la plataforma Java (desconozco el porcentaje, aunque infiero que es alto. Si algún(a) lector/lectora lo conoce, indíquelo en comentarios por favor), y más allá de mi opinión al respecto, bien sabemos que entre las comunidades de Software Libre no hay un acuerdo explicito y difundido sobre si es o no es software libre (aquí las de Venezuela no son, penosamente la excepción), mostrándose, entre las opiniones públicas y las privadas, una panoplia de diversas posiciones al respecto (incluso en nuestro país hay instituciones que desarrollan software libre que han promovido críticas hacia la plataforma Java y, sin embargo, desarrollan usándola). De modo que este es un muy importante “pero” al desarrollo de software libre en Brasil, pero más allá de ésto (que no es poco), lo cierto es que la política de organización y apoyo a iniciativas de software público en ese país viene dando sus frutos.
Hoy en día Brasil cuenta con una plataforma llamada “Software Público de Brasil” cuya cara visible es un portal con información de desarrollos, eventos, convocatorias y documentación sobre el proyecto de software libre que ya quisieran muchos de nuestros países tener.

Dicho esto, creo que debemos conocer algo de la historia del surgimiento de la idea del software público.

¿Qué es el software público? El modelo del software público brasileño responde a esto desde la teoría económica de los bienes públicos y la cita de la siguiente manera:

bem público como aquele que apresenta características de indivisibilidade e de não rivalidade. Ou seja, pode ser usado por todos sem que com isto se estabeleça competição entre os usuários pelo bem.

En mi opinión personal, la concepción filosófica y política de la búsqueda del bien común es muchísimo más potente en el concepto de “lo público” y, aunque yo hubiera preferido que también se incluyera, este es otro tema. El asunto es que el proyecto de software público asume que el software es -y debe ser- un bien público en función de su indivisibilidad y su no rivalidad: un usuario puede usarlo sin impedir con ello que otro lo utilice, y puede ser usado por muchos usuarios sin que esto represente que haya concurrencia por la “posesión” de ese bien entre todos ellos.

Aquello que, inexplicablemente, demandan los tempranos detractores de la idea del software público es que no se habla de software libre por ningún lado. Lo veremos más adelante. Con esta crítica, yo no puedo estar en mayor desacuerdo. El modelo conceptual del software público citado atrás, explicita más adelante:

A consolidação das principais modalidades de licenciamento associadas ao software livre (Inclusive com a publicação da CC/GPL em português.) estabelece, em tese, ambiência propícia à superação de boa parte dos limitadores listados, em especial os que se referem aos “receios de instituições desenvolvedoras e de potenciais usuários”.

Las limitaciones a las que hace referencia la cita tienen que ver con las necesidades detectadas para la administración pública y para el ejerrcicio  gobierno, centradas en: a) Recelo de los usuarios potenciales hacia cambios en los patrones de acceso al software; b) apropiación del código por parte de las instituciones públicas; c) mantenimiento del nivel de calidad de las soluciones para atender las crecientes demandas; d) falta de patrones universales para la producción de software; e) deconocimiento de buenas prácticas y f) construcción de relaciones fluidas entre sector individual, privado y público en el funcionamiento de las comunidades.

De este modo, el software público viene a ser, poco más o menos, aquél que por sus prestaciones, interés y sector social receptor está llamado a ser considerado un bien público.

Tanto el modelo de software público brasileño, como su base conceptual hacen un interesante paseo al lector interesado, sobre lo que ha sido el debate sobre las licencias de software libre en Brasil. En los actuales momentos, el licenciamiento de todo el cuerpo de software público en brasil se hace por dos vías: a) la preservación del derechos sobre marca y nombre del software (registro de propiedad intelectual) y b) preservación de propósito del código a través del licenciamiento a través de la GPL v2.

Sobre lo que el Modelo de Software Público implica para Latinoamérica
En mayo del presente año en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública, el CLAD promovió la presentación del Modelo Iberoamericano de Software Público y la firma del Consenso de Buenos Aires, con el objeto de facilitar el desarrollo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (Chile, 2007).  Los documentos están allí y una lectura simple deja ver que se especifica, con suficiencia, que se trata de software libre.

En la actualidad -aunque no pude encontrar referencias específicas de ello- el modelo de software público de brasil está siendo implementado en Paraguay. Esto, sin duda, resultará una interesante muestra para todos (activistas y desarrolladores) de cómo puede el modelo funcionar en otras latitudes distintas a la brasileñas. Pero además, se ha avanzado en la propuesta de un Modelo Internacional de Software Público, para facilitar el cumplimiento de tareas tan cruciales como la interoperabilidad.

Lo que las críticas dicen sobre el software público.
He escuchado varias cosas, sin embargo hay dos que me llaman la atención:

  1. “La idea del software público va a dejar por fuera a empresarios e individuos desarrolladores de software libre”  Falso. Un simple vistazo a lo que lleva por detrás el Proyecto de Software Público de Brasil (ver los enlaces arriba) deja claro que hay importante participación privada.
  2. “La idea del software público ya a traer como consecuencia que el Estado busque software gratis” Falso. Al igual que en el caso de arriba, hay que leer lo que está planteado antes de decir esta temeridad.
  3. “La propuesta del software público NO dice por ningún lado que el software deba ser libre” Falso. Ya lo hemos dicho arriba, pero si quiere alguien más detalle, sólo puedo sugerirle que se lea la documentación disponible sobre el modelo del software público (tanto el brasileño como el ibeoramericano).

Pero hay más cosas. En mi opinión personal, buena parte de las críticas se dejan llevar por sospechas personales de caracter político partidista, lo cual entorpece el debate más que enriquecerlo. En mi opinión la crítica no es hacia el modelo de software público, sino hacia determinadas posiciones políticas de alguna persona que desde alguna comunidad en particular opina al respecto.

Algunos de los errores derivados de esta posición pueden verse en una crítica presentada aquí. Allí, se reseña al CLAD como  ”un proyecto internacional que nuclea a todos los Estados que se acojan a la definición de Software Público”. Eso es Falso. El CLAD es un Centro de reconocimiento internacional de apoyo a la promoción de investigación, formación y aprendizaje entre las administraciones públicas iberoamericanas. Como Centro sus trabajos, aportes y reuniones, en realidad, están centrados en la búsqueda de modos de fortalecer y mejorar la gestión pública para el Desarrollo Regional. Sólo eso y no solamente éso. En este sentido trabajar ahora con software público no es ni casualidad ni mucho menos un gran bigbang que eclipsa todo su trabajo anterior de más de veinte años.

Por otro lado, como indiqué antes, el propósito fundamental de la propuesta de Modelo Iberoamericano de Software Público” es el desarrollo de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (ver el enlace arriba), la cual recomienda el uso de estandares abiertos y de software libre en razon de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento publico no sea privatizado” (cita textual del principio G de dicha carta). En este sentido, no es esta la única iniciativa, también es de destacar un documento reciente sobre interoperabilidad en los gobiernos iberoamericanos que se muestra en el mismo camino de la reivindicación del software libre como camino. (De este documento me gustaría hablar después)

En fin, quien afirme que el modelo de software público no habla de software libre está totalmente equivocado. Sin embargo, en términos estrictamente técnicos y por las reservas al uso de java en ciertos desarrollos de algunas de nuestras administraciones que mostré antes, estamos claros que hay tela para cortar, y mucha.

El modelo merece ser revisado y nutrido, pero sobre todo, blindado. Bien hemos vivido en Venezuela la experiencia de la llegada de corporaciones internacionales y grupos locales poderosos al debate político sobre las libertades en el software usado por el Estado. En este sentido, desde el activismo debemos entener que no se trata de un proceso -ni mucho menos- acabado. Personalmente pienso que éste es el camino y no tirando piedras en nuestro tejado con fines políticos que no quedan muy claramente declarados.

Les recomiendo estos interesantes textos, también desde Argentina, sobre el tema:

1) Reflexiones esperanzadas sobre Software Público, Libre y Gratuito
2) Software Público Argentino

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Fuente: CADESOL

El viernes 6 de Agosto militantes del PJ Digital invitaron a Cadesol, la Cámara de Empresas de Software Libre, a participar en un encuentro con el fin de comenzar a conformar la “Mesa Federal de Software Público”.

En una reunión amena y con una fluida concurrencia, el Secretario General del PJ Digital, Cro. Sebastián Lorenzo, pronunció su discurso remarcando que “Argentina camina hacia un modelo de Software Público como el que propone Brasil y otros países del UNASUR”, y mencionó también que desde el PJ Digital aplauden la iniciativa, al tiempo que explicó que “el modelo de Software Público de Argentina es un proyecto que se construirá paso a paso y caminando juntos los desarrolladores, los empresarios y los políticos, mirando para adelante y dejando atrás cualquier tipo de confrontaciones que puedan haber existido hasta el día de hoy”.

Daniel Coletti, Presidente de CAdESoL afirma que “todos los que formamos la Cámara estamos convencidos que es estratégico para el país que el gobierno nacional abrace el software libre como herramienta de crecimiento tecnológico, ya que no existe otra forma de que el conocimiento quede en el país si éste utiliza software cerrado, del cual sólo se puede aprender a utilizarlo pero no cómo funciona internamente. Peor aún si el software cerrado utilizado es extranjero“.  El Presidente de Cadesol expresó también que “durante años, diferentes grupos relacionados con software libre han estado asesorando a legisladores y gobiernos del país en esta materia con diferentes grados de éxito, que claramente no se han tenido los resultados esperados“.

Luego de las declaraciones del jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, y el claro empuje que le está dando la agrupación PJ Digital, “estamos muy esperanzados de que este tema se empiece a debatir más seriamente en ámbitos políticos”, concluye Coletti, quien confía que la participación de Cadesol como cámara empresarial será muy útil para mostrar a los integrantes de la Mesa Federal una perspectiva empresarial y laboral del tema.

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Fuente: PuntoGOV

La Asociación Civil Sofware Libre Argentina (SoLAr) responde en esta nota enviada a PuntoGov los comentarios del jefe de Gabinete sobre el software libre en el Estado.

El 24 de julio pasado el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, publicó una videoentrevista con respuestas a preguntas llegadas a su blog. En ellas expresa una buena cantidad de conceptos acerca del software libre (SL), lo que es muy motivador para quienes venimos trabajando en este ámbito. La intención de esta nota es destacar lo mencionado en la videoentrevista y apoyar con información complementaria lo dicho por el Jefe de Gabinete.Una de las primeras cosas que hace Fernández es destacar un dato no menor: el SL forma parte del Estado argentino desde hace varios años:

“Una cosa muy importante para nosotros es el SL. Desde el 2002 comenzamos a trabajar sobre un esquema específico de software libre. Este blog está basado en SL. No somos los precursores en esto, pero somos uno de los motivadores. (…) El 60 por ciento de los sistemas operativos de servidores de la APN están basados en SL.”

Como bien marca el Jefe de Gabinete desde hace años el SL forma parte de la propia Secretaría de la Gestión Pública, en la forma del Grupo SL dentro del Foro de Responsables Informáticos. En ese espacio, una comunidad de empleados del Estado viene trabajando desde 2002 resolviendo sus problemas diarios mediante el intercambio de conocimientos y prácticas en la temática del SL, en una experiencia con pocos antecedentes en el mundo. Ese espacio sobrevivió inclusive a la incomprensión de algunos funcionarios, que dudaban de la utilidad de vincular, por ejemplo, al director de Informática de la AFIP y el de la Municipalidad de Baradero.

“Tenemos una fuerte relación con Brasil, uno de los impulsores más fuertes. (…) Participamos de la comunidad latinoamericana. (…)”, dijo el jefe de Gabinete.

Es bueno traer el ejemplo brasileño, porque tienen cosas como el sitio http://www.softwarepublico.gov.br/, un repositorio de software libre al que toda la Administración Pública Federal debe consultar antes de contratar cualquier desarrollo de software, para ver si algo de lo que allí se puede bajar les sirve. Sin duda un buen ejemplo para Argentina y un paso simple de dar, sobre todo ahora que nos hemos unido al proyecto de Software Público Internacional (SPI).

“Las comunidades que tenemos en Argentina, por el propio esquema de los argentinos, pareciera que no hay buenas relaciones entre ellas. Debiéramos juntarnos para desarrollar eso mucho más. En Argentina son 1000 y en Brasil 100.000″, dijo el jefe de Gabinete.

Las comunidades de SL y la estructura de funcionarios -estén o no agrupados entre sí- son cosas diferentes, aún cuando muchos funcionarios son miembros de estas “comunidades” ya sea formal o informalmente. En ese sentido, conviene aclarar que ese 60 por ciento de servidores fue instalado por trabajadores de la estructura estatal, que lo hacen porque es conveniente, y no porque haya una política de Estado que los impulse a hacerlo (como sí existe en Venezuela, Ecuador, Paraguay, etc.)

Entendemos que, en Argentina, las discusiones de estas “comunidades” -que son espacios de trabajo del más alto nivel tecnológico y de pujante actividad política- no son un problema. Basta recordar que el propio peronismo como movimiento es, fue y será un espacio de fuertes disputas internas. Es de esperar que en este complejo entramado haya posiciones en todo el espectro político, y también las haya menos y más constructivas. En ese sentido, esperamos que el jefe de Gabinete sepa discernir estos matices para entender que “La Comunidad” es un conjunto plural de voces, que mantiene acuerdos básicos trabajados en estos años de crecimiento, y que la sostenga.

“El mundo está dejando de hablar de SL para hablar de software de uso público: todo lo que se desarrolla desde lo público tiene que ser compartido (…) este es el objetivo que queremos nosotros”, dijo el jefe de Gabinete.

El término “software público” puede llegar a confundir. Su creador, Corinto Meffe, ha dicho en más de una ocasión que es 100 por ciento equivalente a “software libre”, sólo que “agrega” algunas obligaciones al creador del mismo, en este caso el Estado. Es importante entender que el software que ingrese al proyecto SPI quedará inmediatamente bajo la licencia GPL, o sea, será Libre.

En definitiva acordamos en que éste -llamémoslo software libre o público- es el tipo de software al que deberíamos adherir en el Estado argentino. En ese contexto surge la duda de por qué un proyecto de tan largo alcance como Conectar Igualdad incorpora software privativo en las laptops de los chicos. La misma idea de “lo público” es cuestionada por esta acción, que llega directamente a uno de los espacios donde los adolescentes pasan más tiempo, donde socializan, donde en definitiva construyen su idea de ciudadanía. Las computadoras tienen previsto salir con “doble booteo”, una decisión que genera polémica y sobre la que ya SolAr se ha expresado, basando esta postura en cinco puntos: soberanía tecnológica, la educación como derecho humano, la inclusión digital, el fortalecimiento del desarrollo local y la optimización de los recursos del Estado.

SoLAr
Software Libre Argentina

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Fuente: SOLAR

El pasado 6 de abril, la Presidenta de la Nación anunció la distribución gratuita de computadoras portátiles entre estudiantes secundarios de colegios públicos. Bajo el nombre de Conectar Igualdad.com.ar, este plan – que supone un objetivo de igualdad, inclusión digital y social – tiene prevista la llegada a casi 3 millones de alumnos en tres años.

Para llevarlo adelante se constituyó, a través del decreto 459/10, un Comité Ejecutivo presidido por el Director Ejecutivo de la ANSES, e integrado además por un representante del mismo organismo, uno del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Planificación y uno más representando a la Jefatura de Gabinete de Ministros (a través de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, cuyo responsable es el Sr. Eduardo Alberto Thill) [1].

Cada integrante del Comité tuvo una injerencia específica en el armado del plan. El ministerio de Educación en cuanto a la estrategia pedagógica y creación de contenidos; el de Planificación, sobre la conectividad de los establecimientos; la ANSeS porque de allí saldrán los fondos para la compra y distribución de las netbooks; y finalmente, la Jefatura de Gabinete en cuanto a la definición de hardware y de software a través de la Subsecretaría mencionada.

El Comité resolvió en una de las tres únicas reuniones la utilización de doble booteo (o sea, la posibilidad de iniciar la computadora en Windows además de en GNU/Linux), decisión muy discutida ya que varios de los organismos representados allí favorecieron -a distintos niveles- ciertas políticas que pueden considerarse en favor del Software Libre. Tal es el caso del Ministerio de Educación quien llevó la propuesta, tal como se hizo en Uruguay con el Plan Ceibal, de utilizar Software Libre en esas máquinas. Sin embargo la decisión final de incorporar software propietario – decisión ponderada según las “injerencias” ejercidas por parte de los distintos miembros del Comité- nos alerta sobre las motivaciones por las que la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión define esta política, claramente contraria a los objetivos del Plan.

Una de las asociaciones comprometidas en este debate, la Asociación Solar – Software Libre Argentina (http://www.solar.org.ar/), sostiene que la única opción posible para el mencionado Plan en materia de software es el uso exclusivo de Software Libre, tal como se llevó adelante -entre otros países- en Uruguay y en Suiza. Este último, hace ya un tiempo abandonó el software provisto por Microsoft en sus máquinas escolares luego de un exhaustivo análisis de las condiciones de uso.

Son cinco los motivos que Solar expone como fundamento para la adopción exclusiva de Software Libre (SL).

1) Soberanía Tecnológica: que el Estado sea quien controle la información y los sistemas informáticos de sus propios planes, accediendo al código de los programas que los administran, aseguran la posibilidad de cambiar de proveedor de servicios informáticos evitando quedar atado a una empresa, en especial, extranjera. La supuesta “neutralidad” del doble booteo en realidad oculta la posición dominante de una empresa por encima de las demás. Pero además plantea un escenario de posibles interferencias sobre las decisiones soberanas e independientes del Estado quien termina convertido en rehén de estas empresas que tampoco generan ingresos al país.

2) La Educación como derecho humano: la decisión de utilizar Software Libre tiene un doble valor fundamental ya que permite tanto aprender verdaderamente a través de él por su acceso al código fuente, como reconocer la posibilidad de generar transformaciones y no conformarnos por acción de la costumbre. Aprender con Software Libre significa aprender a aprender, y aprender con libertad, espíritu curioso y crítico; a diferencia de ’entrenar’ en el uso de una determinada aplicación o sistema.

3) Inclusión digital: El Software Libre puede copiarse y distribuirse legalmente, garantizando acceso igualitario a todas las personas, constituyéndose en vehículo de transmisión de conocimientos. El SL favorece la apropiación social de las tecnologías de la información, procurando una real inclusión digital —amplia y abarcativa— que incorpora la diversidad cultural en todas sus expresiones, sin diferencias de género, raza, religión, ocupación o pertenencia a grupos, instituciones o partidos

4) Fortalecimiento del desarrollo local: adoptar Software Libre en Planes del Estado redirige el dinero que hoy va hacia grandes empresas multinacionales, hacia otras empresas locales de servicios. El Gobierno Argentino debe contribuir al desarrollo local a través del uso de Software Libre evitando gastos innecesarios y transformándolos en inversión para la Industria de Software y Servicios informáticos del país.

5) Optimización de los recursos del Estado: Un doble sistema operativo (que incluya uno libre y propietario) genera un doble costo.

También consideramos que un plan de este alcance, debe socializar el proceso de su construcción como se hizo con la nueva ley de medios, sumando la participación de Universidades, Sindicatos y Organizaciones de la Sociedad Civil, así como comunidades tecnológicas y educativas.

La pregunta que cabe hacerse entonces es: ¿Cuáles son los verdaderos motivos por los que a estas alturas del avance del Software Libre y de los ejemplos mundiales exitosos de su adopción en planes similares, el Comité haya elegido la opción del doble booteo? ¿Por qué transformar una decisión política y socioeconómica, en una decisión ’técnica’ o ’neutral’?

Publicación original: Red Eco Alternativo.

Nota: [1] Acerca de Thill y el Software Libre, también leer http://www.solar.org.ar/spip.php?article646.

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Fuente: PuntoGov

Educación, tecnología y software público formarán parte de la agenda de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en noviembre en Mar del Plata. Los detalles del “Consenso de Buenos Aires”. La estrategia digital del gobierno argentino.

Por Sabrina Díaz Rato

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el modelo de software público asociados a las agendas digitales de los países de la comunidad iberoamericana tendrán un espacio destacado en la próxima gran reunión de presidentes y autoridades de países de América latina y España, en noviembre próximo en Mar del Plata.

La educación para la inclusión social” dominará el escenario de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo el 3 y el 4 de noviembre. En ese marco se dará la discusión sobre TIC.

La decisión de incluir esta agenda tecnológica se tomó a principios de este mes de julio en Buenos Aires en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, que encabezó el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, a la que asistieron funcionarios locales e internacionales.

Bajo el “Consenso de Buenos Aires” (que puede descargarse aquí) se definió que, además de las cuestiones relativas a la función pública y la calidad de la gestión, se comprenderán las alternativas para impulsar la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y el Modelo Iberoamericano de Software Público. La base de esta propuesta es un trabajo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), una de las principales impulsoras del encuentro.

Este año la declaración tiene la virtud de reconocer a las políticas tecnológicas y a su gestión vinculadas con la educación en función al desarrollo económico, la equidad y la inclusión social en toda América latina.

No hay otro concepto más abarcativo, más completo, en términos de visión de gobierno, que apunte a terminar con las profundas asimetrías que propugnaba el neoliberalismo”, destacó el jefe de Gabinete en su blog en referencia al lema de la conferencia de este año; “educación para la inclusión”. Se puede escuchar el discurso de apertura que dio Fernández aquí (http://www.anibalfernandez.com.ar/te-lo-digo-yo/274-medicina.html )

El subsecretario de Tecnologías de la Gestión, Eduardo Thill, comentó a PuntoGov que durante la reunión de este mes “se compartieron los resultados de tecnologías aplicadas en el sistema educativo como el Plan Ceibal de Uruguay, el Plan Conectar Igualdad de la Argentina y de muchas de nuestras provincias que están avanzando en escuelas primarias”.

Además “se habló de los programas que están llevando a cabo Ecuador y Bolivia y lo que tenemos claro es que estos proyectos de inclusión son para eliminar la brecha digital y dar mejores oportunidades”.

Al conjunto de experiencias educativas que cobraron especial resonancia recientemente tras el impulso de modelos “Un alumno, una computadora (1:1)” en la región, otro de los principales objetivos del Consenso de Buenos Aires es la articulación y la generación de diagnósticos comparados en América latina para lograr “los arreglos institucionales” en los estados nacionales y “fortalecer la profesionalización de la función pública” alrededor de la órbita estatal iberoamericana.


Tiempo de definiciones

La necesidad de adoptar los principios de la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico motivada por el CLAD fue otra de las iniciativas consensuadas. Pero para ello, la Argentina y el resto de los países deberán precisar las políticas tecnológicas que trazarán en cada una de las administraciones para lograr la interoperabilidad de las comunicaciones y los servicios entre los distintos niveles de gobierno.

Esto quiere decir -traducido en términos de gestión- que para lograr una integración regional en materia política y económica los gobiernos tendrán que convenir fundamentos básicos de intercomunicación aceptados en forma colectiva que permitan generar una oferta de nuevos servicios públicos y mejorar así la calidad de la gestión pública.

La mención distinguida, por ahora, se le adjudica a Brasil. Para concretar el concepto de software público -modelo que fue consensuado por los miembros de CLAD- se creó el Portal del Software Público Brasileño (http://www.softwarepublico.gov.br) que hoy tiene a disposición 37 soluciones de educación, geoprocesamiento, informática, administración y salud, y reúne a más de 70.000 usuarios.

Se ve casi con envidia”, reconoció Thill ante la consulta de PuntoGov sobre cómo se percibe desde la Argentina esa matriz tecnológica que el Gobierno de Brasilia le imprime a su agenda digital para la resolución de problemas sociales, incluso en el área de negocios.

Pero más allá de esta declarada predisposición hay una perspectiva de integración y colaboración con ese modelo. En la reunión que mantuvieron Thill y Corinto Meffe, gerente de Innovación en Tecnología de la Secretaria de Logística y Tecnología de la Información (SLTI) brasileña, se habló “extensamente de cuáles son las prácticas que podemos llevar a cabo para establecer pautas de colaboración en materia de interoperabilidad de servicios y aplicaciones”, deslizó el funcionario argentino a PuntoGov.

En esa línea, Thill recordó que la Argentina colabora con Brasil a través de Ginga, la plataforma de software de código abierto de origen brasileño que conectará con el nuevo sistema digital de televisión bajo la norma ISDB-T. El Laboratorio de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Informáticas (Lifia) de la Universidad de La Plata trabajó en la liberación del Ginga. El “Ginga.ar”, como se llama la versión local del entorno que desarrolló el equipo interdisciplinario platense, se incorporará a los decodificadores que se distribuirán entre agosto y septiembre próximos.

La elección del modelo de software abierto para las políticas tecnológicas es un dato fuerte, si se tiene en cuenta que el objetivo es la integración de esfuerzos en materia de informática para el sustento de los servicios orientados a la sociedad.

El “Modelo de Software Público” (ver aquí) puesto a consideración entre los funcionarios y que será debatido por las correspondientes delegaciones en noviembre, incluye una serie de principios para las políticas de gobierno electrónico.

Entre ellos se destaca el “principio de adecuación tecnológica” y se recomienda “el uso de estándares abiertos y de software libre”. Los motivos que se argumentan son “en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado”.

De la misma manera, los gobiernos en el uso de tecnología en las administraciones públicas -señala el documento- “deben ser capaces de facilitar el ofrecimiento de servicios públicos y fomentar la gobernanza democrática aumentando la transparencia en la ejecución de políticas públicas y la mejora de los servicios al ciudadano”.

Sin embargo, -se advierte- “el costo de esas soluciones la mayoría de las veces es elevado en comparación con el poder de compra de los gobiernos nacionales, más aún con el de los gobiernos locales, principalmente si esas soluciones se basan en software propietario, incluyendo sistemas cuyas licencias pueden costar anualmente centenas de millares de dólares”.

No siempre la política dialoga el mismo lenguaje que la tecnología. Pero como parece evidenciar la agenda de la Cumbre Iberoamericana, la búsqueda por la integración y el desafío de la inclusión para el desarrollo comienza a deslizarse por el mismo sendero. Si así ocurre, nada será igual que antes.

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Rozando lo Orwelliano

Fuente: kriptópolis

Por Aurkitu

Parece ser que las cosas las ven nobuenas desde ciertos sectores para el futuro de nuestra sociedad, y nuestros estimados gobernantes omniscientes, pensando como siempre en el bien general de sus ciudadanos, han decidido anticiparse a los doblemásnobuenos escollos sociales que puedan derivarse de esta crisis financiera que estamos perpetuando y de las que están por llegar, sin ir más lejos la energética. Pero estamos en buenas manos, obvio

La UE vigilará a los ciudadanos de opiniones radicales
Publicado por Irene Lozano en Martes, 22 de Junio de 2010 () en España, Ideas

Entre los logros de la Presidencia española de la Unión Europea, ha pasado prácticamente desapercibida la aprobación de un programa de vigilancia y recolección sistemática de datos personales de ciudadanos sospechosos de experimentar un proceso de “radicalización”. Este programa puede dirigirse contra individuos involucrados en grupos de “extrema izquierda o derecha, nacionalistas, religiosos o antiglobalización”, según figura en los documentos oficiales.

El pasado 26 de abril, el Consejo de la Unión Europea reunido en Luxemburgo abordó el punto del orden del día titulado “Radicalización en la UE”, que concluyó con la aprobación del documento 8570/10. La iniciativa forma parte de la estrategia de prevención del terrorismo en Europa, y se concibió inicialmente para grupos terroristas islámicos. Sin embargo, el documento extiende la sospecha de tal forma y en términos tan genéricos que da cobertura a la vigilancia policial de cualquier individuo o grupo sospechoso de haberse radicalizado. Así, un activista de una organización civil, política o ciudadana, sin vínculos con el terrorismo, podría ser espiado en el marco de un programa que invita a investigar desde el “grado de compromiso ideológico o político” del sospechoso, hasta si su situación económica es de “desempleo, deterioro, pérdida de una beca o de ayuda financiera”.

El documento aprobado recomienda a los Estados miembros que “compartan información relativa a los procesos de radicalización”. ¿Qué entiende la UE por radicalización? El texto debería definir el concepto, pues eso permitiría acotar la vigilancia al ámbito del terrorismo islamista, pero no lo hace. Se insta, por el contrario, a considerar entre los objetivos a todo tipo de defensores de ideas heterodoxas. El acuerdo pone también bajo la lupa policial a ciudadanos que defiendan las ideas radicales clásicas, las de aquellos partidarios del reformismo democrático que tanto bien han hecho a la democracia. Incluso podría aplicarse contra quienes se consideren radicales en sentido etimológico, pues “radical” es, ni más ni menos, el que aborda los problemas en su raíz.

El acuerdo pulveriza el espíritu europeo de tolerancia hacia todas las ideas, siempre que se defiendan mediante la palabra pues, en su afán de prevenir el terrorismo, amplia el abanico de sospechosos hasta diluir la notable diferencia entre los medios con que se defienden las ideas y las ideas mismas.

El programa completo de vigilancia está recogido en un documento anterior, el 7984/10, titulado “Instrumento para almacenar datos e información sobre procesos de radicalización violenta”, de marzo de este año. Casualmente, a este texto se le dio carácter confidencial, y sólo se ha conocido gracias a que la organización de defensa de las libertades civiles statewatch.org ha tenido acceso a él y lo ha hecho público. La ONG denuncia que este programa “no se dirige en primer lugar hacia personas o grupos que pretendan cometer atentados terroristas, sino a gente que tiene puntos de vista radicales, a los que se define como propagadores de mensajes radicales”.

Entre los objetivos del documento secreto figura “combatir la radicalización y el reclutamiento”, e incluye alusiones relativas a la persecución de quienes inciten al odio o a la violencia que sí parecen dirigidas a grupos terroristas o filoterroristas. Sin embargo, éstas resultan innecesarias, pues ya están castigadas en la legislación penal de los países europeos. El texto alude indistintamente a la “radicalización” y la “radicalización violenta”, asociando el recurso a la violencia con todo tipo de ideas extremas o antisistema. El documento invita a los gobiernos a vigilar “los mensajes de radicalización” hasta un punto rayano en la vulneración de la libertad de expresión. El programa invita a escrutar las audiencias a las que se dirigen los mensajes radicales, si éstos apoyan o no la violencia, si existen otros grupos con las mismas ideas que renieguen de la violencia, cómo se transmiten los mensajes radicales, etc.

Al descender al detalle de la vigilancia individual, recomienda investigar incluso los sentimientos de las personas que militen en grupos sospechosos, mediante planteamientos como el que insta a recabar información sobre los “sentimientos de la persona en relación con su nueva identidad colectiva y los miembros del grupo”. Y con preguntas como: “¿Ha hecho la persona comentarios sobre asuntos, principalmente de naturaleza política, usando argumentos basados en mensajes radicales? ¿Ha hecho comentarios sobre su intención de tomar parte en un acto violento?”. De este modo, el acuerdo abre una peligrosa vía de persecución de las ideas, los argumentos y hasta los estados de ánimo.

La reunión en la que se aprobó este programa de vigilancia ciudadana estuvo presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ya que España ostentaba la Presidencia de turno de la UE. Asistió también el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, así como la mayor parte de los ministros de Asuntos Exteriores comunitarios.

Artículo tomado de Casi Desnuda – http://www.cuartopoder.es/casidesnuda
URL del artículo: http://www.cuartopoder.es/casidesnuda/la-ue-vigilara-a-los-ciudadanos-de…
Url del documento: http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st08/st08570.es10.pdf

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