Fuente: puntogov

Qué hacer con el software libre
Si todo sigue como hasta ahora, cuando la presidenta Cristina Fernández anuncie el plan de la agenda digital argentina, las entidades que tienen que ver con el software libre estarán al margen. Sin embargo, los organismos más dinámicos del Estado usan software libre. En la ciudad autónoma, las quejas son de parte de los empresarios locales: Dicen que son ignorados en las licitaciones.

(Por Sabrina Díaz Rato) En los próximos días culminará el debate que viene manteniendo el sector tecnológico acerca de la Agenda digital argentina. Según pudo averiguar PuntoGov, el documento final que definirá las principales líneas de acción no contempla al software libre. Y teniendo en cuenta el creciente uso por parte del Estado de esta plataforma -no sólo para reparar la situación de ilegalidad sino también para mejorar la capacidad de los sistemas de la administración pública-, lo que llama la atención es que no se haya discutido el tema en la preparación del documento que dará a conocer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de fin de año. A días de dar por finalizado el debate oficial, la pregunta que flota en el aire y en más de uno es por qué empresas del sector o las organizaciones como Fundación Vía Libre o Solar -que cuentan con personería jurídica y representan ampliamente los intereses del ámbito de software libre- fueron ignorados, o por lo menos, no fueron convocados para aportar su perspectiva y conocimientos técnicos sobre el asunto.

Un breve repaso
En la Argentina, como en la mayoría de los países de la región a excepción de Venezuela, no hay una norma que obligue o impida el uso de determinado software en los organismos públicos. Sin embargo, si uno observa cómo avanza el Open Source en el Estado argentino, se distinguen las políticas que han llevado adelante organismos como AFIP o ANSES, que han elegido migrar a estas plataformas. Algunos ejemplos bastan para comprobarlo: Todas las aplicaciones de infraestructura en la AFIP se desarrollan con software libre. Aplicaciones gráficas, de telemetría, seguridad y monitoreo, así como la mayoría del software en este organismo, corren sobre SL, incluido las aplicaciones de misión crítica como la recepción de declaraciones juradas y pagos. “En un año o año y medio más del 100 por ciento de nuestras bases de datos y de los procesos centrales residirán en sistemas operativos abiertos”, señaló a PuntoGov, Jorge Linskens, la autoridad informática máxima de esa administración. Otro de los que viene desarrollando la modalidad es SIU, el consorcio de universidades que desarrolla soluciones informáticas y brinda servicios para el Sistema Universitario Nacional y distintos organismos de gobierno. Su directora, María Luján Gurmendi, indicó que en la Argentina el único software liberado para uso público es el SIU-Toba, que permite construir aplicaciones Web y que se puede descargar gratis de Internet. Otro modelo es Munix, un proyecto de software libre que ya tiene doce años de implementación en la Municipalidad de Rosario y que detalla en la columna de opinión de esta edición una de sus responsables, Mariela Borneman. Y la lista sigue.

Cuentas pendientes
Como venimos señalando en ediciones anteriores, la iniciativa de discutir una agenda digital para insertar a la Argentina en la sociedad de la información y el conocimiento fue impulsada por la secretaría de Gabinete y Gestión Pública encabezada por Juan Manuel Abal Medina y puesta en marcha operativamente por el subsecretario de Tecnologías de la Gestión, Nicolás Trotta y la directora de la ONTI, Elida Rodríguez, a través de un debate coordinado con las cámaras del sector privado, representantes de ONG vinculadas con la cuestión digital y funcionarios públicos. Aunque de acceso restringido, algunos pequeños retazos del debate asoman en el portal oficial de la Agenda Digital https://www.agendadigital.ar/, donde -además de algunos documentos interesantes para descargar- se han señalado las comisiones a cargo de los ejes centrales de la futura estrategia digital. Para tener alguna idea de cómo se desarrolla este proceso: Las comisiones han sido organizadas por temas y lideradas por algunos exponentes del sector público. Por Capital Humano, está Elida Rodríguez, Contenidos y Aplicaciones, Laura Serra del ministerio de Educación, Infraestructura y Conectividad, Gonzalo Heredia de la secretaría de Comunicaciones, Financiamiento y Sostenibilidad, Rosa Wachenchauzer del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y Marco Legal, Olga Cavalli, del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El resto de los ejes y el documento completo por ahora es una incógnita y habrá que esperar hasta el anuncio oficial.

Otra de las cuestiones que alimenta dudas –y malestar- es la manera de confeccionar las licitaciones en el Estado. Desde el sector privado la desazón hacia el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por ver cómo las licitaciones de proyectos de gobierno electrónico dejan afuera a los proveedores locales es cada vez más evidente. Desde la otra vereda, la flamante CADESoL, Cámara de Empresas de Software Libre y que logró reunir a Openware, Gecoop, Opensa, Xtech, Raqlink, Menttes, Except y Entornos educativos, también se sostiene que las licitaciones públicas en general deberían funcionar de manera transparente y abarcativa. “Las licitaciones suelen estar armadas para contratar un producto, no soluciones”, opinó Daniel Coletti, quien presidirá la nueva CADESoL con el objetivo de servir de vínculo e intermediario ante el Estado, -en sus niveles nacional, provincial y municipal- y “ayudar a que entienda lo estratégico que es usar software libre y no propietario”. Similar es la visión de un directivo de uno de los gigantes multinacionales del Open Source que no integra la cámara –por ahora- y que destaca que “la actual administración tecnológica se basa en la neutralidad tecnológica” o lo que significa un “voto en blanco para no hacer nada y mientras tanto, el mundo sigue rodando”. O migrando, se podrá decir. Porque por algo la tendencia a nivel de las administraciones estatales en el mundo se inclina hacia el software libre.

El Estado no es una empresa. Acá, como en cualquier parte, la variable de ajuste siempre es el ciudadano. Y la opción por uno y otro sistema estatal que pueda garantizar un servicio seguro y confiable no parece ser un dato aislado. ¿O sí?